Informó la directora de Patrimonio de la Provincia, Mercedes Aguirre, en relación con lo que dictaminó la Comisión de Patrimonio, que impide darle curso al permiso de demolición de la casona de Salta 532 (que había entrado a tramitarse en la Municipalidad).

"Indudablemente lo que hicimos en la reunión extraordinaria fue seguir el procedimiento legal. Ahora hay que nombrar una comisión ad hoc para que haga el escrito histórico, que tiene que tener peso legal, y además hay que dialogar con los propietarios. Estoy contenta -expresó la funcionaria-; creo que este es el camino. Como lo manifestó el gobernador subrogante (Regino Racedo), si la ley lo dice, habrá que obedecer, habrá que ver cómo. Hay que ser realistas y consensuar con todas las partes. Esperemos llegar a un final feliz".

Bien de interés municipal

El legislador Raúl Hadla (PJ), que participó de la reunión de la comisión, sostuvo que tanto la arquitecta Rossi como el profesor Guzman fueron claros. "La ley de patrimonio de la primera gestión de Alperovich no resguarda la casa Sucar. En lo único que está atada es en el decreto municipal que reglamenta la ordenanza municipal declarándola Bien de interés municipal. Hemos tratado de equilibrar, y nos hemos ajustado a los artículos 15 y 16 de las leyes 7.500 y 7.535. Se dispone un régimen de protección del patrimonio cultural y de los bienes arquitectónicos de la provincia", aseveró. "De este modo, en la casa no se puede hacer nada durante seis meses, a partir de los cuales se puede pedir una prórroga, a través de una resolución de unidad, por tres meses más. En la sesión extraordinaria hemos puesto el sentido común y la razón: se trata de una propiedad privada pero también es muy importante para la cultura de la provincia", agregó.

"A la sesión de febrero la van a integrar expertos que nos van a asesorar, e iremos con más fundamentos -expresó-. Todos coincidimos en que hay que conservarla, pero al ser un bien privado hay que buscar el equilibrio entre lo privado y lo público".

Todo por la ley

"El tema del patrimonio ya viene siendo un asunto donde se cuela el tufillo de los grandes negociados, y el activo por activo ha sido la explicitación de ello", advirtió el abogado constitucionalista Rodolfo Burgos. "Obviamente, la protección que cualquier sociedad le daría a lo que considera de valor patrimonial tiene que ser por ley, más allá de la solución coyuntural que le dio la comisión ahora", aclaró. Burgos recuerda que Tucumán ya ha perdido mucho de su patrimonio, y ejemplifica con la zona de El Bajo.

En ese sentido, opinó que la comisión debería hacer un estudio exhaustivo. Y, desde otro punto de vista, avanza sobre la situación que se plantea. "Es hasta un buen amague de negocio porque el Estado tiene que salir a reparar de alguna manera lo que el propietario no puede ganar ahora -arriesgó-. Al no haber un mecanismo legal todo ya queda en la gran discrecionalidad. La seguridad de la ley es la seguridad para todo. Esta es la idea: que en democracia la ley los proteja a todos. Hay que establecer el valor de la riqueza de la sociedad, ver de qué modo evoluciona. Las ciudades europeas no se hubiesen salvado de habérselas tratado con la voracidad con que se trató a Tucumán".