Los familiares de las víctimas de la dictadura brasileña festejaron ayer un nuevo avance en la lucha por la verdad y la justicia luego de que se conociera la ratificación de la condena por torturas contra el coronel retirado Carlos Brilhante Ustra, ex jefe del Departamento de Operaciones e Informaciones –Centro de Defensa Interna (DOI-CODI)–, por haber sometido a apremios ilegales a la ex presa política Crimea Schmidt de Almeida.

Esta es la primera vez que un tribunal de segunda instancia reconoce una sentencia por crímenes “imprescriptibles” cometidos durante el último gobierno militar. Si bien la causa fue procesada por la justicia civil, la Ley de Amnistía impide juzgar penalmente delitos cometidos por militares entre 1964 y 1979, el presidente de la Comisión de Verdad de San Pablo, Adriano Diogo, destacó que “lo que importa es que el Estado reconozca que hubo tortura, que la información empiece a ser revelada y que se está construyendo una sociedad más justa”.

"Estoy muy feliz con esta victoria pues con ella se comienza a hacer justicia con la sociedad brasileña que sufrió con la dictadura y hasta hoy sufre con la impunidad de los represores", aseguró la ex presa política brasileña Crimea Schmidt de Almeida, quien fue torturada por el coronel retirado Brilhante Ustra. "Puede contribuir a que el Estado brasileño cumpla la sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)", agregó en referencia al fallo que en 2010 recomendó investigar, condenar y procesar a los militares que hicieron desaparecer a más de 60 guerrilleros en la rivera norteña de Araguaia.

La causa contra Brilhante Ustra se había iniciado en 2005 en un tribunal civil con la intención de que la justicia reconociera al ex miembro del COI-DODI como torturador y causante de daños a la integridad física y moral de la familia Teles (que Schmidt de Almeida integra) entre 1972 y 1973. En 2008, el juez Gustavo Santini dictó sentencia contra el coronel retirado transformándose en la primera condena contra un agente del Estado por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura. El fallo fue apelado argumentando la vigencia de la Ley de Amnistía y la prescripción del crimen. Sin embargo, ayer el Tribunal de Justicia de San Pablo rechazó la presentación por improcedente (la Ley de Amnistía no contempla causas civiles y la tortura es un crimen imprescriptible) y ratificó la sentencia.

“No se trata de decir simplemente que hubo una relación de responsabilidad civil entre los involucrados. Se trata de juzgar si un agente público, remunerado con dinero del pueblo, ejerciendo funciones oficiales en representación del Estado, podía ordenar y ejecutar actos bestiales de tortura contra personas presas a su cuidado sin rendir cuentas a la justicia”, puntualizó Favio Konder Comparato, abogado de Schmidt de Almeida. Tanto el letrado como su representada coincidieron en que la creación de la Comisión de la Verdad, que comenzó a sesionar en mayo, favoreció el debate sobre los crímenes de lesa humanidad y la necesidad de que actúe la ley.

El reciente fallo todavía puede ser apelado ante el Tribunal Supremo de Justicia, advirtió el portal brasileño Carta Maior.

Equipo de Mundo

Dilma negó hacer privatizaciones

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, presentó oficialmente un plan de grandes obras de infraestructura en el sector carretero y ferroviario que será concesionado a empresas privadas y que implicará una inversión de 66.500 millones de dólares. Rousseff cuestionó a los medios que se refirieron al anuncio como una estrategia privatizadora, mientras que el ministro de Hacienda, Guido Mantega, explicó que se trata de "una asociación público-privada donde el sector público es el que realiza las inversiones".

Es una aseveración "absolutamente falsa", protestó Rousseff en relación a las interpretaciones privatizadoras de varios analistas. Mantega ratificó las palabras de la presidenta y agregó: "Privatización es cuando se venden los activos para el sector privado. ¿Qué estamos privatizando?"

El ministro de Transportes, Paulo Sergio Passos, precisó que el plan incluye las concesiones para duplicar los 7500 kilómetros de carreteras mediante una inversión de 21 mil millones de dólares, y para construir 10 mil kilómetros de vías ferroviarias, por un valor estimado en 45.500 millones.

Dpa, Ansa, Ap