25/03/2012 11:33 PM | La Universidad Nacional de Tucumán (UNT) se convirtió en un verdadero polvorín. Mientras sus autoridades están enfrascadas en una furiosa disputa interna por espacios de poder, pensando en quién reemplazará a Rodolfo Campero en Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) (ver página 3) y en la elección de consejeros prevista para abril próximo, reina el silencio respecto a la crítica situación financiera que atraviesa la casa de Juan B. Terán.

Sencillamente, las cifras a las que accedió EL SIGLO respecto al desmanejo de los fondos provenientes de regalías mineras son ocultadas -y negadas descaradamente- por temor a un verdadero escándalo institucional. Al sospechoso rojo financiero de arrastre detectado en el consorcio minero del que la UNT forma parte, se suma además un alarmante déficit operativo de la propia casa de altos estudios, hoy estimado en aproximadamente 76 millones de pesos.

Mientras que la UNT parece condenada a naufragar en una cesación de pagos, a punto tal que para paliar su déficit quiso trasladar el costo a los alumnos, con el malogrado intento de aumentar en 400 por ciento el valor de las libretas universitarias y otros trámites administrativos, la falta de transparencia por parte de sus autoridades fue puesta en evidencia.

La menos transparente

Según el último informe (junio de 2011) de la Oficina Anticorrupción (OA), dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, la UNT es el organismo público nacional con mayor índice de incumplimiento en la presentación de declaraciones juradas de sus funcionarios (166) durante 2010.

Entre los funcionarios de la casa de Juan B. Terán que no presentaron la declaración de sus bienes patrimoniales, figuran el rector, Juan Cerisola, la vicerrectora, Alicia Bardón, el actual diputado nacional Luis Sacca (se desempeñó hasta el año pasado como secretario de Política y Gestión Administrativa) y la secretaria Académica, Susana Maidana.

En el extensísimo listado, que también integran decanos, consejeros y personal jerárquico, además se menciona como incumplidores al secretario de Gestión Institucional de la Facultad de Derecho, Fernando Valdez, el subsecretario de Bienestar Universitario, Esteban Varela, el secretario de Extensión Universitaria, Mario Leal y la subsecretaria Académica, Marta Juárez de Tuzza, entre otros.

Detrás de la UNT, líder indiscutible del ranking, entre las universidades cuyas autoridades no declararon sus bienes patrimoniales siguen la de Comahue, con 98 incumplidores, la de Córdoba, con 82 y la de Buenos Aires, con 59.

El informe de la OA, al que EL SIGLO tuvo acceso, también mide el grado de incumplimiento de las demás dependencias nacionales, incluida la propia Presidencia de la Nación y los ministerios.

Entre los organismos oficiales más incumplidores del listado, figuran el Correo Oficial de la República Argentina (70 funcionarios no presentaron sus declaraciones juradas), el Instituto Universitario Nacional de Arte (62), el Servicio Penitenciario Federal (58) y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (44).

Bajo sospecha

Mientras tanto, la Justicia Federal con asiento en Tucumán investiga el destino de aproximadamente 400 millones de pesos, en el marco de una investigación sobre supuestas maniobras irregulares en la concreción de obras con fondos provenientes de regalías mineras. Contratos de dudosa legitimidad, sobreprecios, violación de leyes de obras públicas y sospechosas maniobras financieras, figuran en el planteo elevado en una primera actuación por el abogado y dirigente peronista Oscar López, ante la Procuraduría General de la Nación; que luego fue derivado al Juzgado Federal Nº2. La causa se inició a principios de 2010, a partir de una denuncia del arquitecto Ramón Eudal.

De acuerdo con un informe del propio Rectorado ante el Consejo Superior en 2009, 72 obras se realizaron bajo un "régimen especial" establecido por Resolución 365-08 del Rectorado. Según López, dicha resolución es nula, en razón de que el rector no tiene competencia para legislar.