Si bien es un procedimiento más común en otras provincias y países, por primera vez comenzó a producirse en San Juan: ya hay al menos 12 casos de sanjuaninos comunes y corrientes que solicitaron el concurso preventivo de quiebra porque las deudas que tienen superaron a la suma que cobra de sueldo y no pueden pagar. Se trata de 12 empleados públicos pertenecientes a la Policía y que se animaron a la opción de ir a la Justicia a pedir la quiebra porque la deuda con tarjetas de crédito provinciales se hizo tan alta que terminó excediendo su capacidad salarial, según informó Henry Peralta, vicepresidente de la Fundación de Derecho Concursal, entidad local que asesora gratis en concursos y quiebras a personas y empresas. “En San Juan es la primera vez que las personas físicas están tomando coraje para presentarse, aunque se trata de un procedimiento muy común en provincias como Mendoza o en países como España. En general, la gente no sabe que se puede presentar en concurso, siempre se pensó que era para empresas, pero el régimen es para toda persona, física o jurídica”, explicó el contador público nacional. Esta modalidad de la quiebra personal es posible a partir de la modificación de la ley 19.551 en 1983, por la que se amplió a los particulares la posibilidad de concursar sus deudas, algo antes restringido sólo a empresas. “El principal beneficio que se logra para el empleado es que a partir de la presentación, cuando el juez ordena la sentencia, se congelan inmediatamente los intereses y obtiene un alargamiento de plazos para pagar la deuda. Con la actual inflación, al cabo de un año se licúa la deuda. De otra forma, la persona en cesación de pago no encuentra quién le refinancie los intereses y estará cautivo de las tarjetas y usura de por vida”, agregó Peralta. “En la Fundación hemos asesorado a 20 personas pero han prosperado sólo 12 casos, el resto no pudo porque desgraciadamente para iniciar el trámite hay que poner 2.000 pesos para gastos de publicación, de sellado, para el edicto de la Justicia correspondiente, que es certificado. Y muchas veces las personas están muy endeudadas y no tienen siquiera esa plata”, contó el especialista.

El término quebrar, en materia financiera, significa que la persona carece de solvencia económica para cubrir las deudas contraídas. El sujeto puede pedir la quiebra voluntariamente y el juez arbitrará para llegar a un acuerdo con sus acreedores. “Muchos por desconocimiento o por razones culturales de querer ocultar la situación de insolvencia por el temor al que dirán, terminan con un pedido de quiebra de algún acreedor. Esta actitud se esta desmitificando, permitiendo que la persona física o jurídica continúe con la actividad, luego de sortear las etapas del concurso. Han comenzado a presentarse empleados públicos que superados por los altos costos financieros de las tarjetas de crédito y sus refinanciaciones, no tienen otra opción que concursarse”, explicaron desde la Fundación.

Según Peralta, están prosperando las presentaciones personales porque actualmente la legislación ha ido mutando de una concepción privatista, donde primaban los intereses de los acreedores, a una concepción publicista, donde prima la sanidad del deudor y de la empresa, no del empresario.

A FAVOR: * Permite suspender los intereses desde la presentación en concurso y negociar los mismos en la etapa de acuerdo. El beneficio empieza a correr desde que el juez dicta sentencia de inicio preventivo. * Permite suspender los intereses de todas las deudas, incluido las que se tenga con el Estado provincial por impuestos, cánones, tasas y servicios. El espíritu de motivo de la ley de concurso, es proveerle al que se encuentra en cesación de pagos de una herramienta que le permita reconducir su actividad para poder reinsertarse nuevamente en la actividad económica. * En casos de empresas, los empleados que inician un proceso preventivo y han elaborado un plan de reconducción de empresa a través de una cooperativa de trabajo, la misma puede continuar con la actividad sin perder la fuente de trabajo.

EN CONTRA: * Obviamente, mientras dure el proceso y hasta la finalización del pago de la/las deudas, la persona no podrá tomar otras deudas en el circuito financiero. Es decir, “zafa” por el momento, pero probablemente luego le resulte difícil que le vuelvan a dar un préstamo, otra tarjeta de crédito o una chequera. O sea, la “mancha” del quiebre quedará en su vida económica. * Como el proceso judicial fue diseñado originalmente para empresas, iniciar el procedimiento es caro monetariamente para una persona. En la Fundación de Derecho Concursal, al menos 8 personas no pudieron continuar por no disponer de los $2.000 iniciales necesarios.