Por la causa de los cuadernos de las coimas en la obra pública, los empresarios de la construcción resolvieron levantar por primera vez en la historia la tradicional convención anual que reunía todos los años al sector y que se realizaba en esta época del año. La decisión coincide con el recambio de autoridades que debe llevar adelante la cámara, que de manera inédita pasaría a estar manejada por un abogado y no un ingeniero.

La investigación que lleva adelante el juez Claudio Bonadio cayó como una bomba neutrónica entre los dirigentes del sector. Toda la primera plana de la "patria contratista" quedó salpicada de alguna u otra manera en las declaraciones de los imputados o con las pruebas que figuran en los ya famosos Gloria, lo cual lo convierte en un proceso quizás peor que el Lava Jato porque, apuntan en el rubro, a diferencia de lo que ocurrió en la Argentina, en Brasil el único nombre que quedó en la memoria fue el de Odebrecht.

Ante ese escenario, hace un par de semanas el Consejo Ejecutivo de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) decidió cancelar la 66° edición de la convención anual que organizaba religiosamente para esta época del año. "No daba", se sinceró una fuente del sector consultada por BAE Negocios. Es una medida entendible: quien fue su presidente durante el kirchnerismo, Carlos Wagner, está preso; en tanto su vice primero Juan Chediack -a quien acusan de haber sido excesivamente oficialista- y su vice cuarto, Benito Roggio, están como imputados "arrepentidos", más allá de que todos ellos renunciaron a sus cargos en la entidad y sus empresas luego de que estalló el escándalo.

De ahí que entendieron que no era conveniente exponerse con una cumbre de este tipo.

El actual titular de Camarco, Gustavo Weiss, dejará el cargo tras dos años de gestión y todo indica que su sucesor será el actual secretario Julio Crivelli, titular del estudio jurídico que lleva su nombre, experto en contratos de Participación Público Privada ( PPP), novelista y amante de las artes plásticas. Una clara muestra de que ningún dueño de las constructoras está dispuesto a ser la cara visible de la entidad en este momento. Su figura genera confianza porque conoce de cerca los problemas de la actividad, comentan las fuentes.

Lo cierto es que el panorama del sector es desolador. Por las altas tasas de interés y el recorte en los gastos de obra pública por parte del Gobierno advierten que las empresas están completamente ahogadas y esperan que en los próximos meses se produzcan unos 40.000 despidos, que equivalen a cerca del 10% de los más de 400.000 trabajadores que viven de la actividad.

"En el Interior está todo parado. Y nos demoran la redeterminación de precios. El Gobierno nos paga el asfalto al valor de enero y en el medio aumentó 100%, porque está dolarizado", apuntó un empresario en diálogo con BAE Negocios. "Tampoco podemos dar aumentos de sueldo", se lamentaban en una compañía líder. Y de la inversión ni hablar: toda la maquinaria es importada y con la suba de tasas terminan saliendo tres veces más si la compran en cuotas con un crédito.

La situación es particularmente delicada para las que se estuvieron endeudando en los últimos años. Ya hay empresas que pidieron a sus proveedores y bancos una refinanciación porque no pueden hacer frente a sus compromisos ni a los costos operativos.

En ese marco, el Gobierno anunciará hoy una serie de medidas destinadas a impulsar la actividad, con beneficios impositivos y nuevos créditos.