Ayer, a las 15.10, se abrió un nuevo capítulo en la historia del Poder Judicial de Tucumán. Ese fue el momento en el que, en el Centro de Especialización y Capacitación Judicial, comenzaron a trabajar en el examen escrito los 26 postulantes que se habían inscripto para concursar por cuatro cargos vacantes en la Cámara en lo Civil y Comercial Común de esta capital. Nunca antes se había rendido para acceder a la judicatura en la provincia, pero este, conjuntamente con el cotejo de los antecedentes de los aspirantes, será el procedimiento -de ahora en más- para seleccionar a los futuros magistrados.

La prueba de oposición se prolongó hasta las 22.00: los concursantes dispusieron de seis horas para redactar dos sentencias, como si desempeñaran en los cargos por los que compiten; a lAs que se agregaron poco más de 45 minutos, porque durante ese lapso estuvo cortado el suministro de energía eléctrica, por lo que debió interrumpirse el examen.

Las causas hipotéticas en las que tuvieron que trabajar los postulantes versaban sobre daños y perjuicios: en la primera de ellas, la parte demandante era una panadería y; en la segunda, la demanda estaba dirigida contra un banco. Los aspirantes tenían que resolver los casos (por vía de apelación), como si a ellos les hubiera correspondido ser los vocales preopinantes de la cámara. Los temas fueron sorteados mediante bolillero y habían sido propuestos por Carlos Miguel Ibáñez y Daniel Moeremans, representantes de los estamentos de los jueces y de los académicos del derecho, respectivamente, en el jurado evaluador.

Si bien los casos fueron conocidos a las 14, demandó casi una hora confeccionar 26 juegos de fotocopias con los antecedentes de las dos causas (eran 29 fojas en total): demanda, contestación de la demanda, recurso de apelación y expresión de agravios. Los concursantes sólo pudieron entregar 10 fojas como máximo, cinco por cada uno de los casos.

Estricto anonimato

Cada postulante trabajó en una computadora portátil, que, a su vez, estaba conectada con una impresora. Cuando ingresaban al salón, que estuvo completamente equipado y preparado para la importante actividad, recibían una carpeta, que contenía la ficha que debieron completar (con sus datos personales), hojas para que pudieran efectuar anotaciones y las hojas con la que imprimieron el trabajo final, que no debían contener ningún dato o seña que pudiera identificar a los postulantes.

Las fichas personales quedaron reservadas en un sobre cerrado y, una vez que el jurado corrija los exámenes (lo hará sin saber cuál abogado realizó cuál prueba), se develará la identidad de los autores: todo ha quedado resguardo por medio de un mecanismo denominado de "doble candado", que supuso el uso de dos códigos de barra (en las hojas de exámenes y en las fichas).

Si bien 27 abogados se habían inscripto para rendir, el único que desistió de hacerlo fue Miguel Antonio Vega. Como se recordará, el letrado, previamente, habían manifestado su decepción y el desánimo que le había causado el escándalo suscitado en torno de la selección del secretario permanente del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM).