Con el reemplazo del justicialista Miguel Angel Torino en la Auditoría General de la Provincia comenzará la renovación total del organismo de control, un proceso que debe terminar antes de fin de año.
Asumido en mayo e 2005 ante la renuncia de Roberto "Tito" Rodríguez, el actual presidente de la Auditoría General de la Provincia, Miguel Torino, concluirá su mandato el 27 de ese mes, lo que ya abrió la discusión sobre el perfil política que deberá tener su reemplazante.
Creada en diciembre de 2000, hasta el momento todos los nombramientos de auditores se produjeron durante la gestión de Juan Carlos Romero, quien pudo designar sin muchos inconvenientes al menos tres de los auditores con públicas afinidades con su gobierno.
En 2010, comenzando con la silla que dejará vacante Torino en mayo, Urtubey tendrá la oportunidad orientar la designación de quienes realizarán su "control externo", desde el 2011 -último año de su primera gestión-, hasta el último mes de un eventual segundo período, en 2015.
Es que la renovación del cuerpo deberá concluir en diciembre de ese año, cuando termine el período de cinco años del resto de los auditores.
Según el procedimiento de la ley 7103, una comisión de Diputados debe seleccionar los nombres que el Senado debe "designar", previa audiencia pública.
Según la misma norma, por lo menos dos de los cinco miembros de la Auditoría, debe "reflejar la propuesta de los Diputados de la Oposición Política", que en el actual composición representan el radical Sergio Moreno, y José Muratore, por la "propuesta" renovadora.
El resto del cuerpo, además de Miguel Torino -que había tenido distintos cargos al servicio de Romero antes de llegar a Auditor-, está integrado actualmente por Luis Costa Lamberto y Daniel Mauro Nallar, este último el de mayor exposición mediática de todo el cuerpo.
Aunque en principio los auditores pueden ser reelectos, en el ámbito de la Auditoría se da como improbable que ello ocurra en el caso de Torino. "Cuando fue designado, en 2005 tenía su principal respaldo político en las intendencias romeristas de Anta.
Pero ahora todas se hicieron urtubecistas, y mucho más con la descentralización de las políticas sociales dispuesta por el Ejecutivo", confió a Nuevo Diario un cercano observador del organismo.
De hecho, los futuros auditores tendrán como misión controlar el manejo que harán los municipios de los abultados fondos para asistencia social que le otorgó a partir de este año el gobierno de Urtubey.
En el ámbito de las oficinas de la calle Santiago del Estero se cree que el desempeño en ese ítem será clave para evaluar la tarea del futuro organismo de control.
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