Los desarrollistas que quieran excederse en altura tendrán que proponer un convenio que dejará, como mínimo, el 10% de la ganancia al Estado.
De esto se trata el proyecto de ordenanza para convenios urbanísticos que reemplaza a lo que se conocía como “concertación público-privada”.
El intendente Ramón Mestre remarcó que se busca con este marco normativo darle orden al desarrollo de la ciudad. El secretario de Desarrollo Urbano, Mariano de Juan, remarcó que todo lo que se obtenga como contraprestación irá a un fondo específico que tendrá como destinos prioritarios la construcción de viviendas y obras de infraestructura.
–¿Con esta ordenanza se abre el camino para que se destrabe la construcción de torres en el ex Batallón 141?– se le preguntó a De Juan.
–Ese proyecto, como cualquier otro, tendrá que presentarse al Ejecutivo, sortear los estudios técnicos y luego ser aprobado por el Concejo Deliberante.
–¿Ya está presentado el proyecto del ex 141?
–No.
De Juan no pudo estimar cuánto podría obtener la Municipalidad por esta vía. “Depende de las inversiones. Hay algunas que tienen para ofrecer lotes, otras obras. La idea es restituir el tejido urbano-social y permitir el desarrollo de zonas deprimidas”, enfatizó el funcionario.

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