Una niña de 13 años, embarazada por una violación, se presentó ayer con sus padres para solicitar la interrupción del embarazo. Tiene catorce semanas de gestación.
Los padres de una niña de 13 años que está embarazada de catorce semanas producto de una violación, solicitaron ayer la práctica de un aborto no punible en la Maternidad Provincial, en los términos que establece el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el tema.
La jovencita se presentó en el hospital de barrio San Vicente acompañada por su familia, por el médico de la Upas (Unidad Primaria de Atención de la Salud) de su barrio y por una trabajadora social del Centro Vecinal. Llevaba consigo la denuncia policial por el abuso sufrido. Entrevistada por las autoridades del hospital, afirmó haber sido violada y confirmó su intención de interrumpir la gestación.
Según indicaron dos fuentes seguras que hablaron con LA MAÑANA, la adolescente no quedó internada, pero tiene que volver hoy al hospital. Tras ser informado por las autoridades de la Maternidad, el Ministerio de Salud evalúa la realización del aborto en los próximos días.
Se trata del primer pedido de aborto no punible que llega a un hospital de Córdoba, luego de que la semana pasada el máximo Tribunal de Justicia de la Nación interpretara los alcances del artículo 86 del Código Penal, y estableciera que no es punible la interrupción del embarazo producto de violación y que los médicos no deben solicitar autorización judicial para practicarlo.
La situación de esta joven, cuya familia proviene de Bolivia, encontró a los médicos de la Maternidad sin directivas escritas por parte de la cartera que conduce el ministro Carlos Simon, ya que la Provincia aún lo decidió si adherirá a la “Guía técnica para el tratamiento integral del aborto no punible” que publicó en 2007 la cartera sanitaria nacional (ver aparte).
Sin embargo, cuando se anotició de la situación, el ministro provincial habría indicado que se acate el fallo de la Corte.
Objeciones de conciencia
Las fuentes consultadas indicaron que la directora de la Maternidad, Viviana González, dio un mensaje tranquilizador a los padres de la niña. Sin embargo, una buena parte de los aproximadamente sesenta ginecólogos y obstetras que trabajan en ese hospital presentaría objeción de conciencia frente al caso. En caso de que todos los profesionales se nieguen a interrumpir la gestación, la responsabilidad recaería en los directivos. La Guía nacional dice que no pueden pasar más de diez días entre que una mujer pide un aborto por violación y su realización.
Otros dos casos en el interior
Habría otros dos pedidos de interrupción de embarazo en el interior provincial. Uno de ellos correspondería a una chica menor de edad, discapacitada y embarazada como resultado de una violación, según indicaron altas fuentes ministeriales. Los casos se habrían reportado en los hospitales de Alta Gracia y Villa María.
En tanto, y de acuerdo a lo que dice el dictamen de la Corte, la víctima-paciente firmaría hoy «de puño y letra y ante un médico» una declaración jurada donde ratificaría haber sufrido abuso sexual. El secretario de Atención Médica del Ministerio, Marcelo Cardoso, llevaría hoy a la Maternidad ese formulario.
Además, firmaría un “consentimiento informado”, que establece qué tipo de práctica médica se le hará. En en este caso sería un aborto farmacológico, según el protocolo de la mencionada “Guía Técnica”, afirmó un médico. Recién después comenzarían los estudios médicos previos.
“En Córdoba vamos a debutar con el cumplimiento del fallo de la Corte con este caso”, dijo un especialista de la Maternidad.
Comentá la nota