El primer año de Llaryora: qué balance hacen desde Nuestra Córdoba

El primer año de Llaryora: qué balance hacen desde Nuestra Córdoba

La Red Ciudadana elaboró un informe crítico de la gestión municipal. La UCR y el PRO también plantearon críticas.

La Red Ciudadana Nuesta Córdoba publicó un balance de gestión del primer año de gestión de Martín Llaryora frente a la Municipalidad. Se hizo en conjunto con otras organizaciones civiles que forman parte del colectivo Seamos partícipes.

El análisis deja fuertes críticas al intendente, principalmente por la no publicación del plan de metas y por la toma de decisiones sin consultas previas.

"Al no contar con el Plan de Metas, que debería haber sido presentado en abril, y con un claro déficit en la información pública disponible, para la realización de este análisis se han explorado y relevado diversas fuentes (oficiales y principalmente periodísticas), además de la información producida a partir del involucramiento y seguimiento llevados a cabo desde la Red Nuestra Córdoba y otras organizaciones y referentes que articulan acciones conjuntas", dice el documento.

En ese sentido, se plantea que a la situación extraordinaria de incertidumbre a la que se enfrenta el mundo por el Covid-19, "se suman los obstáculos generados por una gestión que no cumplimenta con el canal institucional del que debiera disponer la ciudadanía para informarse sobre lo que el gobierno se propone hacer en el período 2020-2023".

También señala que la política de comunicación gubernamental está signada por la ausencia de planteamientos integrales y públicos por parte del intendente Llaryora y su equipo, "por lo que se hace muy difícil conocer el impacto real de las diferentes acciones que llevan a cabo desde el ejecutivo municipal".

La Red sostiene que es información sobre hechos consumados y decisiones ya tomadas, con nula posibilidad de previsión y mucho menos de participación de la ciudadanía y de la sociedad civil. 

"La falta de presentación del Plan de Metas y por lo tanto el desconocimiento sobre el marco general que guía las acciones de las distintas áreas y secretarías, sumado a la escasa participación e información pública disponible son ejes transversales a todas las políticas del gobierno en este primer año de gestión", remarca la Red.

En esa línea, recuerdan que la evaluación del primer año de gestión municipal debería realizarse en una audiencia pública para debatir públicamente el informe de avances del Plan de Metas, pero si bien ha sido anunciado, no fue presentado ni menos publicado por las autoridades municipales, "lo que ha tornado inviable la rendición de cuentas públicas sobre lo realizado. De esta evidencia cabe una primera conclusión en términos institucionales: este primer año de gestión presenta un claro retroceso institucional con múltiples consecuencias".

El informe se divide en tres ejes: institucional; inclusión social; y desarrollo urbano sostenible.

Sobre el primer eje, el documento señala que las decisiones y acciones implementadas en este período se han fundamentado en el argumento de la emergencia, el receso administrativo y la necesidad y urgencia del contexto de crisis tanto en términos de salud pública, como económica y social. 

La gestión de Llaryora declaró la Emergencia el 27 de diciembre de 2019: "Esta normativa acentuó, desde el comienzo del mandato, la discrecionalidad del ejecutivo para la toma de decisiones y el desequilibrio entre poderes, que ya existía, con la denominada 'mayoría automática' en el Concejo Deliberante".

Sobre la descentralización, apunta hacia la modificación de las ordenanzas de participación vecinal, sobre las que ee avanzó sin consultar a los actores "entonces y ahora preocupados con el tema". "Los proyectos de reforma ingresados al Concejo Deliberante no fueron objeto de consulta ni debate público", agrega.

Nuestra Córdoba advierte que estas restructuraciones abren interrogantes sobre cuál será la proyección de la política de descentralización y participación del municipio. 

"El Plan de descentralización municipal y planificación de prioridades de manera participativa desde los CPC también está en suspenso. Además, se observa una profundización de la centralización de decisiones y también de la gestión operativa en el palacio 6 de julio", apunta el balance.

Desde la organización plantean que todas las instancias de participación ciudadana institucionalizadas por carta orgánica y ordenanzas están inactivas, en todos los casos con el argumento de receso administrativo: la única excepción a estas disposiciones fue la implementación de la audiencia pública requerida para la aprobación de la ordenanza que crea el Ente BioCórdoba. 

Salud y educación 

En el balance se señala que los servicios de salud y educación municipal se vieron fuertemente afectados por la situación de pandemia: "En el caso de las escuelas ha significado enfrentar enormes dificultades para sostener el vínculo con los/as estudiantes debido a la falta de acceso a conectividad y tecnología de la mayoría de las familias. Las acciones municipales no han dado respuesta a esta problemática.

Respecto a la salud, sostiene que los centros de salud municipales restringieron sus servicios "viéndose resentidas las actividades de prevención y atención primaria, como así también la atención de enfermedades crónicas" y asegura que "la provisión de insumos básicos también se ha visto afectada".

Ambiente

Sobre esta temática, se plantea "falta de planificación y de conocimiento sobre la existencia (...) de una estrategia de intervención que impide realizar una estimación certera sobre el impacto de la multiplicidad de acciones que desplegó el municipio en esta materia". 

En el informe, se agrega que "a la falta de planificación en la gestión ambiental" hay que sumar "la fragmentación de responsabilidades y competencias entre el Coys, la Secretaría de Gestión Ambiental y Sostenibilidad, la Secretaría de Participación Ciudadana y la Secretaría de Políticas Sociales".

Acerca de la gestión de residuos y reciclables, "se observa el incumplimiento de normativas vigentes tales como la ordenanza 12.648 de gestión integral (escasamente implementada en la gestión anterior y prácticamente no abordada en la actual) y la ordenanza 12.415 del programa de reducción del consumo de bolsas plásticas". 

Nuestra Córdoba sostiene que se realizan innumerables acciones sobre recolección y reciclado de materiales recuperados, con organizaciones de la sociedad civil o cooperativas, "que chocan directamente con los programas municipales de recuperación de materiales para el fomento y promoción de los centros verdes, los cuales carecen de objetivos concretos de gestión y difusión de información de resultados, de impacto y en tiempo real", al tiempo que reclaman la falta de indicadores en el portal de Gobierno Abierto.

Y señala que no hubo avances en el plan de ordenamiento ambiental, el de gestión de residuos urbanos, sobre el sistema de recolección (eficiencia y evaluación), "ausencia de un plan de manejo de áreas verdes y arbolado urbano (¿con qué criterio se planta? ¿qué proporciones de especies?), tampoco hay información pública sobre controles de la contaminación de aire, agua, suelo, visual y acústica, respuesta en relación a los estudios médicos en niños que viven junto a Porta, el depósito de material radioactivo en Alta Córdoba, la regulación de venta de exóticas invasoras en viveros comerciales, entre otras". 

Movilidad 

En este punto, remarca que se aplicaron cambios y señala como negativo "el hecho de que los usuarios tengan que caminar más para tomar el colectivo, baja la accesibilidad al transporte y cuando hablamos de personas mayores, con movilidad reducida o personas con discapacidad directamente lo torna inaccesible".

Agrega: "A lo anterior se suma el abandono del Plan Integral de Movilidad, la escasez de avances en relación al tan anunciado ferrourbano y la centralidad de las políticas apuntadas completamente el uso de automóvil como único recurso de movilidad (se abandonaron los controles de velocidad, alcoholemia, estacionamiento, ITV, taxis y remises)".

Desarrollo urbano 

En relación al ordenamiento territorial, el informe señala que tampoco hay información oficial disponible sobre decisiones tomadas. "En cambio, hay una proliferación de acciones a modo de 'intervenciones blandas' sin marcos de planificación, objetivos o metas (públicas al menos)", acota.

Y agrega: "La información disponible, actualizada sobre el accionar de la Secretaría de Desarrollo Urbano en el Portal de Gobierno Abierto es un listado de obras de Infraestructura, solo 8, entre ellas 5 intervenciones sobre el espacio público, el Parque Las Heras, dos Grandes Manzanas y una plaza, todas sin licitación o concurso de precios".

UCR

El Comité Capital de la UCR y los cuatro ediles del centenario partido también criticaron duramente el primer año de gestión de Llaryora. 

"Hace justamente un año, Martín Llaryora, quien fuera intendente de la ciudad de San Francisco, ponía un pie en el Palacio 6 de Julio para iniciar su gobierno municipal en la ciudad de Córdoba. Al asumir, quizás empezó a conocer la ciudad Capital y esto queda en evidencia cuando 365 días después, Córdoba, La Docta, se encuentra en un estado complejo a causa de algunas decisiones que se tomaron y, naturalmente, del desconocimiento y de la falta de un diagnóstico del gobierno de Hacemos por Córdoba", dice el comunicado.

En el texto se señala que cuando la ciudad de Córdoba necesitó y necesita un plan, "ese plan llegó a través del marketing y la publicidad; pero hasta el momento, sin políticas públicas que refuercen esa invitación del gobierno municipal que dice 'juntos tenemos futuro'".

Para los radicales, "es evidente que falta un plan que beneficie a Córdoba".

"Muy por el contrario, el plan puesto en marcha hace un año se ve que no incluye obras y pretende tapar con pintura en los cordones cuneta, la inacción y la falta de las obras que Córdoba necesita. Es así: con esta gestión de Hacemos por Córdoba, la ciudad lleva un año sin obras para el centro y los barrios", agrega.

Desde el sector del PRO que encabeza Sebastián García Díaz, se enfocaron sobre las declaraciones juradas de los funcionarios, y señalaron que sólo el 18 por ciento presentó ese requisito.

Comentá la nota