El ideólogo de la reforma es el juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni. El llevó la propuesta a Olivos y, con el visto bueno de la Presidenta, empezó los contactos hace meses con quienes lo acompañarán en la comisión, que tendrá una representación mayoritaria de la oposición. La idea es dotar al proyecto, desde su génesis, de un fuerte consenso que garantice su éxito. El modelo de redacción es el del Código actual, elaborado durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen por una comisión encabezada por un opositor, el conservador Rodolfo Moreno.

El objetivo es ajustar el Código Penal a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales, incluir en su texto todas las leyes especiales que hoy están dispersas y lograr que el Código recupere la coherencia interna que perdió tras los centenares de reformas aisladas desde su sanción, en 1922.

Para evitar una polémica que lo conduzca al fracaso, el proyecto no tratará el tema del aborto. Quedará en una suerte de campana para que lo discuta, directamente, el Congreso nacional, explicaron tres fuentes que participaron de los primeros diálogos. En 2006, una iniciativa similar para la reforma integral del Código Penal se frustró por el debate que generó la propuesta de reducir las hipótesis de abortos punibles.

Por el oficialismo, integrará la comisión el ex ministro de Justicia y Seguridad bonaerense Carlos Arslanian; por Pro, el diputado Federico Pinedo; por la UCR, el diputado Ricardo Gil Lavedra, y por el Frente Amplio Progresista, la ex diputada María Elena Barbagelata. También será parte Zaffaroni. La idea original era que el representante del oficialismo fuera Esteban Righi, pero su abrupta salida de la Procuración General, denunciado por el vicepresidente, Amado Boudou, obligó a reemplazarlo.

El nuevo proyecto seguirá los lineamientos de 2006, que había sido redactado por un grupo de reconocidos expertos en derecho penal y coordinado por el entonces secretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia Alejandro Slokar, hoy camarista de Casación. Pero por las diferencias y la polémica sobre el aborto el Gobierno nunca impulsó el proyecto en el Congreso.

Entre sus ejes principales, aquella iniciativa -celebrada por la doctrina penal- establecía también los derechos humanos como prioritarios para el Estado y, en este sentido, tipificaba el genocidio y la desaparición forzada de personas. Además, dedicaba un título nuevo a los delitos contra el ambiente y terminaba con las penas para los consumidores de drogas. Todo esto podría reproducirse en el nuevo proyecto.

"El objetivo es emprolijar y limpiar el Código, que quedó destruido después de las leyes Blumberg, la ley antiterrorista y otras muchas reformas", dijo Gil Lavedra a La Nacion. Según él, lo central tiene que ser adecuar las sanciones: por un lado, moderarlas, pero, en simultáneo, crear un muy buen sistema de penas alternativas a la prisión (como trabajos de fin de semana o "días multa") para que nada quede sin sanción. También, jerarquizar el lugar de la víctima y hacer que los castigos recuperen razonabilidad y proporcionalidad.

Cuando se anunció el proyecto de 2006, ya se había advertido que era incoherente, por ejemplo, que tuviera más pena secuestrar a una mujer embarazada que matarla.

La primera cita de los miembros de la nueva comisión es hoy, a las 18.30, en el Ministerio de Justicia. De ahí partirán a la Casa Rosada, donde, a las 20, los recibirá la Presidenta, que hace apenas un mes y medio dio a conocer un anteproyecto para una reforma integral del Código Civil