No fue un camionero, ni un miembro de un sindicato aliado a la CGT, fue un policía retirado . La Cámara Federal de la Seguridad Social recibió el primer amparo contra el pago del Impuesto a las Ganancias por parte de un oficial retirado de la Policía Federal que percibe haberes previsionales. La medida, presentada por Carlos Hugo Reina, apunta a la “inconstitucionalidad” de la ley de Impuesto a las Ganancias en tanto afecta a sus ingresos, que percibe a través de la Caja de Retiro, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina y la Administración Federal de Ingresos públicos (AFIP). La demanda, patrocinada por los abogados Alberto Víctor Giampetruzzi y José Ferrucci, sostiene que “con este impuesto se está afectando el derecho de propiedad del personal policial retirado”.

Este amparo se da en el medio de la puja entre la CGT de Hugo Moyano y el Ejecutivo Nacional por la continuidad o no del gravamen. La Presidenta ya dio indicios de que no ejecutará ningún tipo de resolución sobre el tema. Moyano llegó a poner a disposición su continuidad en la CGT, si Cristina elimina el impuesto, uno de sus pedidos, además de las asignaciones familiares y los fondos de las Obras sociales. El amparo presentado por el ex policía incluye el pedido de una medida cautelar que establezca “la suspensión de las normas impugnadas, habida cuenta que su aplicación inmediata genera graves e irreparables daños patrimoniales” al peticionante.

“El retiro del personal policial no puede ser considerado una ganancia, sino el cumplimiento del débito que tiene la sociedad hacia el personal retirado que fue protagonista del progreso social en su ámbito y en su época. Esa prestación de naturaleza previsional no puede ser pasible de ningún tipo de imposición tributaria”, sostiene el escrito, de unas 30 páginas. “El salario no es ganancia”, suele decir Moyano, Reina se lo encomendó a sus abogados.

“Permitir que las jubilaciones tributen el impuesto desvirtúa todos los principios de imposición en que se sustenta nuestro sistema tributario y que están consagrados en nuestra Constitución Nacional”, resume el documento presentado ante la Justicia.