MADRID.- En el gobierno de España aún se desconoce cuándo el país comenzará a dejar atrás su profunda crisis, a revertir el malhumor social o a reducir la actual tasa de desempleo del 20,05%.

Sin embargo, en el Congreso, los legisladores que responden al presidente José Luis Rodríguez Zapatero sí saben que se acerca el día en el que los españoles tendrán el derecho de optar por legarles a sus hijos el apellido del padre o de la madre, en abierta oposición a la tradicional norma vigente que privilegia el apellido paterno.

El proyecto de ley del registro civil ya se encuentra en trámite de enmiendas en el recinto legislativo y se descuenta que será aprobado en las próximas semanas.

No obstante, y a pesar del entusiasmo empleado por sus defensores para explicar las presuntas ventajas de la nueva ley, el sentido de "igualdad" que inspiró la propuesta oficial fue aún más discutida que su eventual carácter inoportuno. El punto más polémico apunta al caso en el que el padre y la madre no lleguen a un acuerdo sobre la elección del apellido para sus hijos, ya que, de darse esa situación, la normativa establece que deberá primar en la decisión final el orden alfabético. Es decir que de no resultar efectivo el criterio de igualdad de género ante el desacuerdo de los progenitores, se pasaría a una decisión que privilegiará la supervivencia de apellidos como Alvarez, Antúnez y Bernárdez por sobre otros no menos tradicionales como Toledo, Uriarte... e, incluso, Zapatero.

La futura ley también contempla la posibilidad de cambiar de apellido "si el solicitante es víctima de violencia de género", para lo que sólo será necesario conseguir una autorización del Ministerio de Justicia. A este cambio se suma que en el nuevo registro no se hará ninguna referencia al estado civil de los padres del inscripto para equiparar a quienes provienen de un matrimonio con aquellos que han nacido de uniones no formalizadas.

Además, el proyecto de ley propone la eliminación de otra verdadera institución española: el tradicional Libro de Familia -en el que se registra desde el siglo pasado el nacimiento de los hijos-, que será reemplazado por un registro individual para cada ciudadano

La propuesta del gobierno de Zapatero fue defendida ayer por el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que acusó a quienes desean conservar la preferencia del apellido paterno de respaldar una tradición "que es difícilmente compatible con el mandato de igualdad que establece la Constitución".

En este sentido, el vocero parlamentario del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), José Antonio Alonso, destacó que el gobierno busca "evitar la discriminación por razón de sexo" y consideró un "criterio objetivo" el "desempate" mediante el orden alfabético.

Desde la principal fuerza de oposición, el Partido Popular (PP), las críticas no demoraron en llegar.

Tras destacar que la reforma del actual registro civil "no está entre las demandas sociales más urgentes", una vocera de PP recordó que actualmente, a partir de la mayoría de edad, "todo el mundo puede alterar el orden de sus apellidos".