La sesión de ayer en el Concejo Deliberante capitalino no escapó al clima de rumores y controversias en torno al posible incremento en el costo del boleto plano.

Aunque en la deliberación no se trató la impopular medida, los comentarios en torno a una inminente actualización tarifaria en el transporte público urbano fueron recurrentes.

Afuera del custodiado recinto la movilización por el "No al Aumento del Boleto" se manifestó como viene haciéndolo todas las semanas. La marcha convocada por organizaciones barriales, políticas y centros de estudiantes tomó la decisión de pedir una audiencia para la próxima semana con el intendente capitalino Mauricio Camau Espínola quien subrayó que deberá avanzar con la antipática medida aunque hasta el momento no ha dado pasos formales ante el parlamento comunal.

"Pedimos plantear de manera personal al jefe comunal las inquietudes que tiene toda la ciudadanía sobre el servicio que prestan las líneas de colectivos en Capital. Para firmar un aumento al pasaje no se puede ignorar las carencias que tiene gran parte de la población, que no le alcanza para comer ni para llevar a sus hijos al colegio, todo esto sumado al pésimo servicio que prestan las compañías del ramo, que incumplen con todas las requisitorias de la concesión", aseguró a EL LIBERTADOR Gabriela Prieto, representante de una agrupación estudiantil.

La sesión de la víspera contó con las ausencias de los ediles Agustín Payes (PJ) Teresita Shelman (UCR) y Gisela Gasparini (PL).

"Para la aprobación del boletazo se va a necesitar la totalidad del cuerpo parlamentario, en estos temas delicados hay muchas cosas en juego, y nadie queda afuera a la hora de la verdad", reveló a este medio una experimentada fuente del Concejo.

Cabe recordar que ayer aprobó por unanimidad la eximición total en el pago de impuestos para discapacitados que quieran adquirir automóviles. Anteriormente existía un tope de 25 mil pesos que los concejales consideraron inaplicable en el ámbito del Derecho Municipal de la capital correntina. A la vez, se aprobó la puesta en funcionamiento de la Oficina de Defensa del Consumidor.

Los ediles dejaron sin efecto y declararon inaplicable en el ámbito del Derecho Municipal de la Ciudad de Corrientes el artículo 26 del Decreto Ley Nº 216/2001 que fijó en 25 mil pesos el importe límite que se estableció en el régimen de exención impositiva destinado a las personas con discapacidad que reúnan las condiciones y aptitudes previstas en la Ley de Tránsito, y quieran adquirir un automotor.