Francisco Pérez estrenó su lápiz rojo de gobernador. Paco vetó la ley 8396 que permitía la jubilación anticipada de los docentes que están en cambio de funciones y que fue aprobada al inicio de su gestión. La norma, que había sido propuesta por el senador Guillermo Amstutz, creaba el Régimen Especial Docente Estado Pasivo Anticipado Voluntario y determinaba que los docentes que estén en cambio de función por razones de salud puedan jubilarse anticipadamente. Así, esos agentes cobrarían la jubilación al 82 por ciento de su salario como activos y pagarían como una moratoria los aportes que le restaban.

El gobierno decidió bochar la norma, argumentando, entre otras cosas, que se ponía a la Dirección General de Escuelas como responsable del pago de esas jubilaciones pero “sin ser asignados los recursos necesarios para solventar las erogaciones que implicaría la implementación de la norma creada, situación que hace difícil su cumplimiento”. Además, desde el Gobierno aseguran que la norma no tiene en cuenta otros beneficios previsionales que tienen los docentes y de los cuales quedarían marginados los que están en cambio de funciones y se cuestiona que se saque del sistema a los docentes que están en cambio de funciones.

En el medio aparece otra decisión de la nueva conducción de la DGE. La directora de escuelas, María Inés Abrile de Vollmer, dispuso que los docentes que están en cambio de funciones se presenten en las escuelas en las que tienen sus cargos para rever la situación. Según explican, los que tengan justificado estar alejados del aula, seguirán en cambio de funciones. El resto, deberá volver al aula o renunciar.

Lo que dice la ley

La norma fue aprobada por la Legislatura el 4 de enero de este año. Determinaba que se cree el “Régimen especial estado pasivo provisorio anticipado voluntario, al que pueden acceder los docentes en cambio de funciones, de todas los niveles y modalidades de la enseñanza pública, sean de gestión estatal y/o privada oficialmente reconocidos y dependiente del Gobierno de la Provincia de Mendoza”.

Para acceder a ese sistema se ponía como requisito que el docente tenga “una enfermedad o patología que sea de difícil recuperación en un tiempo perentorio, que no implique invalidez permanente; acreditar como mínimo 25 años de servicio y tener dos años en cambio de funciones sin el alta, entre otras cosas.

Para los legisladores, de esa manera se ahorraba dinero y se evitaba que se pagara a varios docentes por un mismo cargo, a la vez que se beneficiaba a los docentes que tienen algún problema de salud. Con el veto del Gobernador, la ley vuelve a la Legislatura para que esa decisión sea ratificada o no.