El Gobernador dijo que si hay crisis, la Provincia deberá volver a utilizar una cuasimoneda y consideró imposible abrir otra vez la paritaria estatal para rediscutir pautas salariales con el gremio docente. Dio a entender que no descarta recurrir al bono provincial.
No dio lugar a la duda. Francisco Pérez, tajante, salió a contestarle al Sindicato Unido de Trabajadores del Estado (SUTE) que pidió la reapertura de paritarias antes de las vacaciones de invierno o de lo contrario no retomarán las clases tras el receso de julio.
"Es absolutamente imposible abrirlas, salvo que los agentes estatales deseen volver a la época de 2001 cuando se emitían los petrom, se pagaban los sueldos en bonos o se dividan los pagos en semanas tal como ya ocurre en algunas provincias", lanzó el Gobernador en referencia a Córdoba o Santa Fe donde la emisión de la cuasimoneda parece inminente.
El mandatario se aferró a la "delicada situación financiera" que atraviesa la provincia después de que el saldo deficitario ascendiera a 2 mil millones (recortados a unos 1.500 millones aún sin financiamiento) y, ahora, se incremente con los arreglos salariales. "Hasta el año que viene no vamos a abrir paritarias", dijo Pérez pidiendo prudencia a los docentes y al resto de los gremios, como los municipales, que amenazan con movilizarse tras el acuerdo logrado por el sector de la salud con el Gobierno provincial.
Es que el plenario del gremio docente aprobó en marzo un incremento promedio del 24 por ciento desde marzo (la suba fue mayor para los maestros que para los profesores). Mientras, el plebiscito de la Salud logró un incremento del 26 por ciento que se agrega a 10 por ciento que se paga desde enero. Ambos integran un aumento total que supera el 35 por ciento, sin el cronograma de aplicación del incremento del riesgo psicofísico para el personal faltante que impactó casi un 22 por ciento según el ministro de Salud, Carlos Díaz Russo.
La distancia porcentual entre uno y otro acuerdo es -como mínimo- de once puntos a favor de la salud sobre los docentes. Pero la diferencia podría ser aún mayor si se tiene en cuenta que en la conducción de ATE, Raquel Blas habla del 34 por ciento (sin el 10 por ciento de enero) y en la de Ampros, Isabel Del Pópolo se refiere al "mejor acuerdo salarial del país" en el sector salud.
El miércoles al mediodía, Pérez recibió el comunicado del SUTE casi en paralelo con la firma del acuerdo salarial para la salud. "Creímos que no nos iban a firmar porque el Gobernador se enteró ahí mismo", aseguró una de las delegadas gremiales de Ampros, Claudia Iturbe. De hecho, durante la mañana de ese mismo día, la directora general de Escuelas, María Inés Abrile de Vollmer, quien participaba de unas jornadas en el Centro de Congresos y Exposiciones, había dejado la posibilidad de reabrir la paritaria al decir que "nunca están del todo cerradas y que debía conversar con el ministro de Gobierno".
Desde ahí, el Ejecutivo se llamó al silencio hasta ayer, que el Gobernador fue cortante sobre la situación durante un acto en el Ministerio de Seguridad. Al ser consultado sobre los dichos de SUTE que aseguraba "haber arreglado una reapertura antes de las vacaciones", Pérez contestó: "El gobernador soy yo, conmigo no han acordado". Y adelantó que, en caso de que los docentes no retomen las clases, "se tomarán las medidas pertinentes".
"El panorama financiero para el segundo semestre es muy complicado", advirtió el mandatario provincial. Y remarcó que en Mendoza "se están pagando los sueldos a tiempo" en contraposición con otras provincias que ya empezaron a tener problemas para hacer frente a las plantillas de personal de la administración pública.
Lo cierto es que el "efecto salud" también alarmó a los municipales, quienes han pedido en algunos departamentos la reapertura paritaria. Hay intendentes que aseguran que "sería caótico el panorama".
El último acuerdo paritario que debe cerrar el Ejecutivo es el de los judiciales, quienes vienen extendiendo las jornadas de paro pidiendo el enganche de sus salarios a los de los magistrados. Pérez reflexionó al respecto y dijo: "Estamos trabajando con el vicegobernador en una ley de autarquía para que sea la Corte la que arregle los sueldos con los empleados".
Y agregó que "la solución sería que los ministros se desenganchen de los jueces federales y no el enganche de los empleados a los jueces locales porque armaríamos un cuento de nunca acabar".



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