El aprieto político frente a dos crímenes que afectaron a la clase media mendocina en junio pasó y por ello un proyecto para agilizar allanamientos y escuchas telefónicas en búsqueda de delincuentes que el Gobierno ideó para afrontar la situación ahora está frenado y sin fecha de envío a la Legislatura.

El ministro de Seguridad Carlos Aranda anunció la propuesta después de los asesinatos de Adolfo Moreno y María Lourdes Gordillo, hechos que se produjeron en pocas horas y lo dejaron al borde de la renuncia.

En ese momento, Aranda salió al cruce con un plan de "acciones rápidas". El proyecto de los allanamientos era uno de los puntos principales, así como la colaboración en la lucha contra la delincuencia de la siempre invocada Gendarmería Nacional.

Lo de Gendarmería se estancó por decisión de Cristina y el proyecto pedido por Aranda va por el mismo camino, a pesar de que el propio vicegobernador Carlos Ciurca intentó reimpulsarlo el mes pasado.

Así lo reconoció el ministro de Seguridad, quien indicó que en este momento el Poder Ejecutivo evalúa la conveniencia de mandarlo o no a la Casa de las Leyes.

Estas expresiones se produjeron en medio de un episodio fuerte: un policía del grupo especial GES mató el viernes a un menor de 16 años durante un allanamiento a una casa en un barrio de Las Heras. Sin embargo, Aranda aseguró ese día que hasta ahora no han aparecido irregularidades en el caso.

Aranda afirmó que el destino del anuncio de los allanamientos depende exclusivamente del gobernador Paco Pérez. Por lo pronto se considera que este no es el momento político, dado que en la Legislatura prima la necesidad de resolver otro proyecto "duro": la denominada "ley Petri", que endurece el régimen de salidas transitorias de los presos.

Pero hay algo más. Hay varios que consideran que la iniciativa puede ser tildada de inconstitucional, con lo cual, si alguien impugna este tipo de procedimientos para esclarecer más rápidamente los delitos, "puede ser peor el remedio que la enfermedad", según afirmó Aranda ante la consulta de este diario.

La iniciativa. El de los allanamientos un proyecto corto y directo. Apunta en pocas palabras a habilitar el accionar policial y las escuchas telefónicas sólo con autorización del fiscal de turno.

Hoy, ambos procedimientos requieren el permiso previo de los jueces garantías. Pero estos jueces, a ojos de los críticos, suelen ser demasiado puntillosos y terminan perjudicando la investigación.

Por eso el actual gobierno (así como propusieron casi todos los ministros de seguridad que ocuparon antes el sillón de Aranda) quieren quitarlos del medio y que sólo actúen para realizar un control o una validación posterior de los operativos.

En este sentido, en casi todos los últimos crímenes, han sido reiterativas las quejas oficiales por los frenos que tienen a la hora de revisar los teléfonos de quienes estuvieron implicados en esos hechos.

La oposición apoya. Lo curioso del caso es que la propia oposición, o parte de ella, está de acuerdo con dar el paso para agilizar los allanamientos policiales.

Uno de los que apoyan es el diputado radical Luis Petri, hoy en el centro de la escena por su ley para evitar la salidas de presos a la calle. "Estamos dispuestos a aprobarlo, pero tienen que mandar el proyecto", dijo el diputado, quien cuestionó al gobierno de Pérez por anunciar proyectos que después no vuelca en el papel.

Petri recalcó que es autor de un proyecto similar al que el Ejecutivo planteó en el paquete de soluciones exprés contra la inseguridad en junio. El radical, por otra parte, también ideó una norma pensada también para acelerar los allanamientos, ya que autoriza a los fiscales a pedirlos por medios electrónicos y ordena resolverlos con celeridad. Esa ley se apróbó y actualmente se aplica.

A pesar de que la oposición lo apura, el Gobierno medita mucho el paso a dar. "Sigue en carpeta el proyecto pero estamos haciendo consultas con especialistas", explicó el ministro de Seguridad.