El Gobierno provincial reconoció oficialmente esta semana que decidió que el Estado absorba los aumentos salariales que los empresarios privados deben pagarles a los choferes de colectivos.

Esta conclusión surge del decreto 1204 del gobernador Francisco Pérez, donde se autorizan los nuevos cuadros tarifarios del kilómetro recorrido que pasarán a cobrar los empresarios y se señala que este incremento se originó en las paritarias salariales del sector.

Los 3.500 choferes del sistema de transporte provincial no son empleados del Estado, pero en los hechos es como si lo fueran. Representados por el gremio Sipemom, negociaron en abril un aumento con sus patrones, los empresarios de AUTAM, y consiguieron un jugoso acuerdo.

Ese arreglo económico aparece con lujo de detalle en los considerandos del decreto 1204, que avala de esta manera la negociación entre privados y anuncia que esto derivará en más costos para el Estado (pagará a partir de ahora 10 pesos en promedio por kilómetro recorrido a los empresarios) y también los usuarios del servicio.

El decreto detalla que los choferes locales consiguieron en abril que AUTAM aprobara un aumento de 1.000 pesos en los salarios básicos. Pero además, los conductores lograron que se les pague un retroactivo por los primeros cuatro meses del año de 1.000 pesos más por mes. Este retroactivo se comenzó a pagar en abril y terminará de liquidarse en agosto.

Los beneficios no terminan allí, ya que los choferes también consiguieron un "adicional por boletera" de 800 pesos.

El arreglo salarial es elogiable. Pero el problema es que no va a salir del bolsillo de los empresarios de AUTAM, sino del Estado y los pasajeros.

Así lo avala explícitamente el decreto 1204: "Si bien el Estado no es parte de las negociaciones salariales entre los sectores firmantes del acta, la parte empresarial (AUTAM) ha adoptado la posición de acordar los aumentos salariales y sujetarlos a la intervención del Estado y al reconocimiento de un mayor precio en el kilómetro recorrido", reconoce el Gobierno en los considerandos.

Actualización y más. Los nuevos cuadros tarifarios del kilómetro recorrido que el Estado provincial liquida a AUTAM revelan un incremento del 50 por ciento. O sea, el mismo porcentaje del aumento del boleto que pagarán los pasajeros.

Pero además, después de tres años sin retoque alguno, fijan una aplicación retroactiva del aumento del kilómetro recorrido, para el caso del transporte urbano. En efecto, los nuevos cuadros publicados en el decreto 1204 autorizan una actualización en mayo del año pasado, otra en octubre de 2011 y finalmente una en mayo de 2012. O sea, trazan el camino gradual hasta alcanzar el 50 por ciento de incremento para los empresarios.

La letra sugiere que el gobierno de Paco Pérez deberá liquidar los saldos de kilómetro recorrido que no pagó en 2011 y a principios de 2012. Sin embargo, el gerente técnico de AUTAM, Oscar Razquin, aclaró que no es así.

Razquin explicó que los nuevos cuadros tarifarios que rigen a partir de mayo de 2011 sólo representan un "blanqueo" de montos que los empresarios ya cobraron, pero no de la caja de Paco Pérez, sino del Gobierno Nacional, que también aporta subsidios al sistema de transporte mendocino.

"De esa plata queda un saldo a cobrar que ni siquiera los empresarios han calculado todavía", explicó Razquin.

El representante de AUTAM reconoció de todos modos que el decreto de Pérez admite la necesidad de subir el kilómetro recorrido para pagar aumentos de los choferes. Lo que en otras palabras significa que es el Estado, no los empresarios del rubro, es el que debe pagar más por el aumento de los empleados privados.

Mal hecho, Jaque. Razquin también dijo que el alto impacto del aumento del transporte, que se siente tanto en el bolsillo del usuario como en las arcas del Estado, debería ser reprochado al ex gobernador Celso Jaque, quien desde 2009 no autorizó casi ninguna suba en el rubro.

Los únicos que recibieron un aumento de Jaque desde entonces fueron los empresarios de media y larga distancia, quienes no se manejan por el sistema de kilómetro recorrido que paga el Estado, sino que cobran sus ganancias de la propia recaudación del boleto. Debido a ello, la suba tarifaria en este rubro no fue del 50 por ciento, como en las líneas urbanas, sino del 39 por ciento.

Ese aumento llevó el boleto mínimo de las líneas que viajan al interior de la provincia a 2,50 pesos, precio que quedó ratificado en el decreto 1205 de Pérez.

Es que en un sistema donde el riesgo empresario es bajo, ya que los privados no tienen que preocuparse por costear los aumentos de sus empleados, la plata del Estado ya no alcanza y los usuarios también tienen que pagar más.

A pesar de que este año las arcas públicas (nacionales y provinciales) desembolsarán cerca de 800 millones de pesos en subsidios para que los micros funcionen en Mendoza.