Se trata de Cerro Mollar 3 y Ceferino, que el Gobierno tomó en marzo cuando la empresa era todavía privada. Desde la oposición plantean dudas.
Si bien la decisión fue tomada el 28 de setiembre pasado, recién tomó estado público el jueves 25 de octubre, cuando apareció en el Boletín Oficial la publicación del Decreto 1.679/12 firmado por el gobernador Francisco Pérez y el ministro de Infraestructura, Rolando Baldasso.
La demora resulta llamativa, pero más aún el hecho de que desde el Gobierno no se hicieron declaraciones, como tampoco desde la empresa,a pesar de haber sido consultados por este diario.
"Reconciliación"
El acuerdo conciliatorio entre el Ejecutivo local e YPF especifica que la provincia "con facultades suficientes" deja sin efecto el decreto 502/2012, la herramienta que usó Pérez para desadjudicar las dos áreas petroleras en marzo pasado.
De esta manera, YPF "continúa en la titularidad de los derechos de concesión" de Ceferino y Cerro Mollar Norte, una vez que la Suprema Corte homologue el acuerdo, tras lo cual "las partes desisten de cualquier acción o reclamo".
Entre los fundamentos del convenio, que figura como anexo del decreto 1.679, se contemplan tanto el 502, promulgado el 22 de marzo pasado, por el que se declaró "la caducidad de las concesiones" que YPF tenía, como la acción "procesal administrativa" que la empresa encaró contra la provincia.
Además, atiende a la promulgación de la Ley 26.741, que declaró "de interés público nacional" el autoabastecimiento de hidrocarburos y la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de petróleo, que permitió el avance estatal (51%) en YPF, sobre los privados (49%).
Además, el acuerdo atiende a la existencia del nuevo plan de negocios encarado por el CEO, Miguel Galuccio, considerado "un cambio sustancial" en la estrategia, poniendo a Mendoza en situación de ser "una de las principales destinatarias de las operaciones de la empresa", en contraste con el "desalentador cuadro" que presentaba YPF antes de la reestatización, dado que para las partes, ahora "se ha producido un redireccionamiento de los recursos, destinados a recuperar los niveles de producción y reserva, aumentar la exploración y explotación en las distintas áreas hidrocarburíferas situadas en la provincia".
Los mejores esfuerzos
Uno de los puntos más controvertidos de la desadjudicación y posterior devolución de estas áreas petroleras es el de la inversión en exploración.
De hecho, el decreto 502 denunciaba la "desinversión" y falta de exploración de la entonces YPF privada.
Pero el nuevo acuerdo de devolución de las áreas no especifica con claridad cómo avanzará la nueva empresa sobre ese requerimiento. Sólo se lee que "hará sus mejores esfuerzos en recursos humanos, técnicos y financieros disponibles", para lograr mayor actividad y exploración.
Lo mismo se preguntó el senador del peronismo disidente, Gustavo Valls, secretario de la comisión de Hidrocarburos, quien resaltó que "no existe un cronograma de inversiones claro" para garantizar ese "esfuerzo".
Las explicaciones esperadas desde el Gobierno y de la empresa no llegaron. Se tornó imposible conseguir la palabra de algún representante del Ejecutivo, en tanto que Walter Vásquez, delegado de la provincia en la empresa se excusó de hacer declaraciones.
Por su parte, Fernando Simón, titular de la comisión de Hidrocarburos en el Senado provincial, ensayó una justificación: "El hecho de que YPF tenga mayoría estatal cambia las circunstancias", indicó el legislador del FPV quien consideró que, más allá de eso, el que se haya generado un plan de inversión justifica que se le den chances a la empresa.
De todos modos Simón advirtió que el Gobierno local "debe mantener estricta vigilancia" sobre el programa inversor lanzado por Galuccio.
Enojo opositor
La sensación en el arco opositor no comulga con el acuerdo conciliatorio. Para los legisladores nacionales, la firma de este pacto va desde una situación "desprolija", hasta "grave", pasando por una acción "incorrecta" frente a los problemas financieros que existen en la explotación hidrocarburífera.
Así lo dio a entender Enrique Vaquié, representante radical en la Cámara baja del Congreso, quien consideró que existen serios problemas de financiamiento en YPF lo que demuestra que "no tuvo buenos resultados reestatizarla".
En lo referido al pacto, Vaquié señaló que hubo "una serie de errores" que empezaron con la prórroga a la concesión realizada el año pasado, la quita de las áreas este año y la readjudicación actual. "Nos está yendo mal con YPF", subrayó el radical.
Algo similar señaló su colega demócrata, Omar De Marchi, al calificar de "muy grave" este acuerdo conciliatorio con YPF y tildar a Pérez y a los otros gobernadores de provincias petroleras como "secretarios del Gobierno central", porque contribuyeron de forma "irregular" a sacar concesiones y luego reinstaurarlas.
En tanto, Enrique Thomas, del Peronismo Federal, recordó que su sector fue muy crítico con la expropiación llevada a cabo en marzo y resaltó: "Quitar o devolver áreas petroleras no sirve".
De todos modos, Thomas consideró esta devolución como "una anécdota" y pidió avanzar en cuestiones como la inversión, la extracción de la riqueza y el reparto de regalías, a las que consideró que actualmente se encuentran "en veremos".
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