"Apretás callos y a algunos les duele". La frase es del gobernador, Francisco Pérez, quien salió a contestar y a respaldar al actual directorio del Instituto de Juegos y Casinos integrado por Nidia Martini, Héctor Caputto y Miguel Bondino, después de las denuncias y acusaciones en distintos estamentos del Estado.

Por un lado, Pérez respondió por la imputación judicial de los funcionarios por incumplir una ley que ordena el cobro de entrada para destinar el dinero a construir salitas de 4 y, por otro, respondió por la resolución 158 a través de la cual se renegoció el contrato de tragamonedas que incrementaba la comisión a una empresa del grupo Vila-Manzano del 26 al 47 por ciento de la recaudación de las máquinas.

Sin pelos en la lengua, el mandatario, quien fue ministro de Infraestructura de Celso Jaque, pidió a su antecesor que diera explicaciones por este último contrato cuestionado en Fiscalía de Estado y, ahora, en la Legislatura. "Es un contrato que realizó la otra gestión que también tendría que hablar qué hizo con la ley. Llama la atención que no se aplique el principio de igualdad ante la ley", argumentó el Gobernador.

No es la primera vez que Pérez se manifiesta en desacuerdo con algunas formas, leyes y medidas de la gestión anterior, de la cual fue parte. Las diferencias las empezó a mostrar, por lo bajo, en la campaña y las terminó de confirmar apenas asumió cuando debió vetar uno de los últimos decretos que dejó Jaque y por el cual concedía insólitamente una porción del parque General San Martín al club Independiente Rivadavia, cuyo presidente es Daniel Vila. Luego las quejas siguieron su curso. La baja recaudación, el alto gasto público y el creciente déficit provincial fueron algunos de los reclamos a Jaque y que su sucesor le hizo a poco de asumir.

Ahora continuó con Juegos y Casinos y la polémica resolución 158 que firmó el ex presidente del directorio Daniel Pereyra, uno de los ex funcionarios más allegados a Jaque. El incremento del canon de 26 al 47 por ciento se realizó a cambio de que la empresa ejecutara obras por 3 millones de pesos y duplicara la cantidad de tragamonedas. Los Andes intentó hablar con Pereyra a raíz de las explicaciones que pidió el Gobernador y el aludido pidió tiempo para averiguar y conocer las declaraciones de Pérez.

Según estimó la Asociación de Trabajadores del Estado, durante este año, la empresa de Vila-Manzano, Mendoza Central Entretenimientos, se llevó un 84% más que en 2011 por la recaudación de los tragamonedas.

Por otro lado, el mandatario se refirió a la imputación de la Fiscalía de Delitos Complejos a partir de la denuncia hecha por un empleado del casino, Cristian Leiva, ante el incumplimiento de la Ley Provincial 8.383, que exige el cobro de entrada (cuatro pesos) a todos los que ingresan a los casinos. La denuncia fue tomada por el fiscal especial, Daniel Arnillo, y Pérez criticó su decisión:

"Estoy sorprendido porque nos hemos enterado de los imputados de la causa por versiones periodísticas. La verdad que sorprende la celeridad con que avanzó la Fiscalía en esta denuncia. Sería bueno que se aceleren otras situaciones, sobre todo relacionadas a hechos de violencia no esclarecidas como pedidos de capturas y otras situaciones", y aclaró: "Vamos a poner a disposición toda la información del instituto y de los funcionarios".

El mandatario se refirió a la ley explicando: "Esta ley exige el pago de la entrada al ingreso de todos los casinos para destinarla a la construcción de salitas de cuatro. Se han hecho los actos útiles del órgano administrador para que se lleven adelante los pagos tanto de los casinos oficiales como de los privados". Asimismo, Pérez defendió a Caputto, a quien eligió para presidir el Tribunal de Cuentas. "Justo fue cuando se da la audiencia del contador Caputto, quien merece la mayor de mis confianza y respeto porque tiene más de 18 años de administración pública provincial y municipal".

Respecto del incumplimiento de la normativa, Pérez justificó: "Ha sido una norma muy compleja. Ha tenido tres modificaciones y sigue con una complejidad para aplicarla. Hay proyectos para reformara y darle el acuerdo definitivo. No hay ningún problema en que los operadores de casinos que paguen de su rentabilidad el aporte para la construcción de salitas de cuatro e incluso ya hay una suma por encima de los 10 millones de pesos que serán destinadas para las salitas".

La ley de la polémica se sancionó el 29 de noviembre de 2011 (cuando Pérez ya había sido electo pero aún gobernaba Jaque) por el Senado provincial y especificaba: "Las salas de juegos deberán cobrar el valor de una o dos fichas (según lo decida el Instituto Provincial de Juegos y Casinos) que será destinado a la educación inicial". El estimativo, según la cantidad de gente que concurre a los casinos, era recaudar más de 16 millones de pesos que servirían para construir un mínimo de 40 jardines de cuatro años.