Luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) sentara un precedente histórico a través del fallo que ratifica que el aborto no resulta punible en los embarazos producidos por violaciones, el Gobernador Francisco Pérez salió a hacer declaraciones que generaron polémica. "El fallo de la Corte es para un caso particular; no se aplica y no es legislación nacional ni legislación provincial. Nosotros nos regulamos por las normas y no podemos ante cada fallo de la Corte estudiar si se aplica una modificación", remarcó el mandatario.

Es que para que efectivamente se aplique este fallo, es necesario que cada provincia actualice los protocolos de actuación de los hospitales, en los cuales se determina cómo deben proceder los médicos en caso de que una paciente solicitara que se le practique un aborto.

"El fallo no es ley, pero sí interpreta la ley y el máximo tribunal de nuestro país dijo cuál es la interpretación que debe hacerse de la ley. Negarse a adaptar los protocolos es otro obstáculo para que las mujeres puedan acceder a un derecho que la Corte ha ratificado. Esta negativa a hacer cumplir mediante protocolos lo que en definitiva se terminará cumpliendo por sentencia, es otra cruel estrategia que viola los derechos de las mujeres", definió Eleonora Lamm, doctora en Derecho y Bioética.

Así, el gobernador salteño Juan Manuel Urtubey (PJ), que en principio se había pronunciado en contra del fallo, recibiendo apoyo y adhesión de su par mendocino, decidió dar marcha atrás y optó por firmar un decreto que "instruye al ministro de Salud Pública y al de Derechos Humanos, a implementar de manera inmediata las guías de procedimiento para que las víctimas de violación puedan acceder, de manera rápida y segura, al aborto no punible previsto en el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación", informó un comunicado oficial del Gobierno de Salta.

En tanto, desde la oposición al gobierno de Pérez salieron a pronunciarse en contra de los dichos del mandatario. "Ya no quedan dudas, señor gobernador Pérez, de cómo el Estado, en todos sus niveles, tiene que actuar en el caso de una mujer embarazada producto de una violación.

Nuestras máximas autoridades interpretan arbitrariamente un fallo del Máximo Tribunal de Justicia de la Nación que ordena cumplir una ley, por igual, a todos los ciudadanos del país. Los sistemas de salud, sean estos nacionales, provinciales o municipales, deben garantizar ese derecho de la mujer en cualquier efector que estructuralmente se encuentre habilitado para tal fin", manifiesta un parte del presidente del bloque de senadores radicales, Armando Camerucci.

Casos en Córdoba

El fallo histórico de la CSJN se conoció el pasado martes 13 y desde ese momento cada provincia está analizando cómo actuar sin cometer faltas a lo dictaminado por el máximo tribunal. En este sentido, ayer se conocieron dos casos ocurridos en Córdoba que serían consecuentes con el fallo.

El primero fue una niña de 13 años que se acercó a Maternidad provincial para solicitar que se le realice un aborto no punible, siguiendo el criterio fijado por la Corte Suprema para casos de violación. El segundo ocurrió en un hospital Villa María, adonde una menor de edad que padece una discapacidad y fue violada, pidió también que se le practique un aborto.

En el primer caso ya fue confirmado que se realizará la intervención solicitada.