Con la adhesión a la ley nacional de Emergencia Económica en la mano que votó la Legislatura, apunta a otro sistema de colectivos y a cambios en la Terminal de Ómnibus. La planta de residuos del Valle de Uco podría ser estatizada por los tres municipios.
Es que con la Ley de Emergencia Económica nacional (que viene desde la presidencia de Eduardo Duhalde) a la que adhirió la provincia de Mendoza (por aprobación unánime del Presupuesto en la Legislatura), el sector público en sus tres niveles cuenta ya con una herramienta de negociación que lo posiciona frente a sus concesionarios.
Esto le permite -por ejemplo- a la presidenta Cristina Fernández convocar a Eduardo Eurnekián para solucionar el problema histórico de la falta de manga en el aeropuerto en El Plumerillo; o al gobernador Francisco Pérez reunirse con Sergio Pensalfine para renegociar un sistema que no contemple el oneroso pago por kilómetro para el Estado, e incluso a los intendentes del Valle de Uco Jorge Difonso, Joaquín Rodríguez y Martín Aveiro, para negociar con la empresa Laugero una salida al endeudamiento creciente que les vienen provocando las condiciones de funcionamiento de la planta común de tratamiento de residuos de Capiz.
“No tocar lo que está funcionando bien. Ajustar lo que tiene fallas. Y cambiar lo que no puede seguir como viene”. Tal es la indicación que el gobernador mendocino les ha dado a sus ministros, quienes deberán poner en un esquema de tres casilleros, en cuál de ellos ubican a cada una de sus reparticiones, organismos mixtos y contratistas privados.
Con este tono, el gobernador Pérez se reunió en los últimos días con tres de sus ministros: Turismo, Javier Espina; Agroindustria, José Luis Alvarez, e Infraestructura, Rolando Baldasso. Las mismas instrucciones se bajarán en los próximos días a otros integrantes del gabinete. “No podemos ir afuera a pedir 1.500 millones de pesos si al mismo tiempo no acomodamos las cosas por adentro”, dicen al lado del Gobernador.
A diferencia de lo que sucedió en Luján (Carlos López Puelles) y en Las Heras (Rubén Miranda) -donde se dejaron caer cientos de contratos de personal-, el Gobernador prorrogó 4.200 locaciones de servicio hasta marzo, fecha en la que -según cómo se presenten las negociaciones paritarias- tomará una decisión definitiva. Hasta el momento se ha mostrado partidario de evitar estos recortes.
Tercer casillero
Con la aprobación unánime del Presupuesto 2010 en la Legislatura, el Gobierno mendocino ya cuenta con la autorización del artículo 144 para avanzar en la renegociación de contratos del Estado con particulares. Ahora Pérez definirá cuáles de ellos serán renegociados (si son a largo plazo), cuáles dejará caer (si son a corto plazo) o a cuántos denunciará (si existen incumplimientos manifiestos). Para esto revisará uno por uno el contenido del “tercer casillero” de cada uno de sus ministerios y secretarías del gabinete.
Encarará esta tarea en momentos en los que la Provincia se apresta a recibir el Hotel del Aconcagua (en Punta de Vacas) a punto de ser devuelto por el concesionario Barbeito. Y cuando está muy cerca de alcanzar un acuerdo con la petrolera Wintersal para que ésta pague más regalías por sus pozos de Ranquil Norte y CN5 en Malargüe, a cambio de áreas de exploración.
La adhesión a la Ley de Emergencia habilitó al gobernador Pérez a replantear contratos a largo plazo en transportes de corta distancia y a evaluarlos en servicios como el de electricidad (Edemsa) y el de la Terminal de Ómnibus (Cooperativa El Sol).
Todo indica que el Gobierno provincial empleará esta facultad para intentar derrumbar el sistema de “pago por kilómetro recorrido”, que prevé una vigencia hasta 2015, en el sistema de transportes de pasajeros (hasta 60 kilómetros). Los negociadores privados serán Pensalfine, con los Grupos 6 (parcial), 7, 8 y 9; Stocco (Grupos 10 y 2); Frusin-Di Blasi (Grupo 3); Marchetta (grupo 4 Trapiche); Cruceri-Lascano-Mancuso (Grupo 5); Gasque-Medina (Grupo 1); Elmelaj (CATA); Retamales-Elmelaj (Bartolomé Mitre); Guardatti (Uspallata); Romero-Lazano (Nueva Generación); Di Césare (Disetur 710) y Butini-Pérez (Iselín).
En transporte de pasajeros el Gobierno entiende que “hay mucho para discutir; el contrato es perverso y a largo plazo, la prestación es deficitaria y el servicio es caro en forma creciente para el Estado”, por lo que esto genera “una situación de conflicto permanente”.
La renegociación que se avecina ha sido confirmada tanto por el ministro de Hacienda, Marcelo Costa, como por el secretario de Transportes, Diego Martínez Palau. E incluirá -tal como ya adelantó Los Andes- la implementación de un nuevo sistema de pago del servicio, que incluye el cambio de la actual tarjeta Red Bus por la nacional SUBE. Ello a pesar de que el propio presupuesto 2012 tiene prevista una partida de 230 millones para pagar los kilómetros recorridos y otra de 70 millones para “compensar tarifas”.
En tanto, en la Terminal de Ómnibus también se esperan modificaciones. A cargo de la Cooperativa El Sol (ex empleados públicos cooperativizados tras la privatización luego de la quiebra de la TAC), el lugar vio paralizadas las mejoras que venía realizando. Y todo apunta a una renegociación de contrato o llamado a una nueva licitación. En ese sentido, el propio Gobernador ha hecho referencia a la necesidad de una “remodelación o refuncionalización, que ponga a la Terminal de Mendoza a la altura de las circunstancias”.
El Presupuesto provincial prevé también la puesta en funcionamiento este año del Ente Provincial de Regulación del Transporte.
Otras revisiones
El “tercer casillero” de contratos posibles de ser renegociados podrá llenarse en los próximos días con operadores de anexos del Casino, distribuidoras de electricidad, operadoras de parques industriales (provincial o municipales), hoteles o petroleras. Pero -por el momento- todo indica que en ninguno de estos rubros habrá renegociaciones.
En el área del servicio eléctrico todo pasará por la evaluación que termine haciendo el Gobierno provincial del desempeño de Edemsa y del peso que asigne a sus insistencias por el aumento de tarifas. Mientras que en el sector de “juegos”, lo mismo sucederá con las evaluaciones de los operadores (a quince años) de los anexos del Casino en las localidades del interior mendocino.
En materia de hidrocarburos ya están cerradas las principales prórrogas de concesiones (YPF, Chañares Herrados, El Trébol) con aumentos de regalías (12 a 15%) y pago en cuotas de un canon global por 1.500 millones de pesos. En hoteles con casino están en plena vigencia los acuerdos que otorgaron permisos de funcionamiento para salas de juego a cambio de la construcción de hoteles que superen un 96% la superficie de los casinos habilitados (Regency-Hyatt, Enjoy-Sheraton; Winland-Intercontinental y Victoria-Arena). Aquí no se esperan renegociaciones ni denuncias de contratos.
Con relación al Puerto Seco y la Zona Franca (hoy a cargo del estatal Idits desde la baja de la Bolsa de Comercio y el operador privado de La Plata), el Parque Industrial Petroquímico de Luján, el Pasip de Palmira (a cargo de operadores privados) y los propios organismos mixtos ProMendoza, IDR, IDC y el propio Idits se esperan los informes por área, previos a las decisiones finales.
En servicios para el Estado provincial, hace meses se terminó el sistema de liquidación de sueldos (que llevaba a cabo la empresa Meta 4) y la tarea la realiza la propia administración central, mientras que la telefonía para funcionarios fue adjudicada a Claro (de Telmex), tras haber superado largamente a la anterior concesionaria (Personal, de Telecom) y a Movistar. Tampoco por acá se prevén cambios.
Los contratos con empresas privadas por la limpieza de hospitales, la provisión de medicamentos e insumos médicos, comida para comedores y penitenciaría, no son de larga duración (de seis meses a un año) y se estima que en caso de disconformidad manifiesta se dejará caer un contrato, sin renovarlo a su vencimiento.
Se tendrá en cuenta tanto el grado de incumplimientos privados como la elevada deuda que mantiene el Estado con cada uno de ellos. Algo similar podrá suceder con la obra pública, toda de corto plazo, atrasada por el ritmo de cancelaciones del Estado. Y con respecto a los contratos por el servicio de cobranza de impuestos con la Bolsa de Comercio, el diagnóstico sobre su funcionamiento definirá si habrá continuidad sin modificaciones o negociaciones de cambio.
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