El gobernador Francisco Pérez ordenó acelerar los tiempos y abogados de la Asesoría de Gobierno, el Ministerio de Infraestructura, el Epas y hasta de la Fiscalía de Estado se encuentran en la tarea de evaluación final de prueba que terminará dando la forma final a la querella que la Provincia de Mendoza viene preparando desde hace más de un año, contra Saur, la antigua operadora desadjudicada de Obras Sanitarias Mendoza.

"Le estamos dando los retoques finales", confirmaron a Los Andes dos de los encargados de la tarea. La presentación se hará en tribunales ordinarios locales y en ella intervendrán en forma conjunta la Asesoría de Gobierno, de César Mosso Gianinni y la Fiscalía de Estado, a cargo de Joaquín De Rosas.

La actuación de De Rosas es consecuencia del artículo 177 de la Constitución que establece que habrá un Fiscal de Estado encargado de proteger el patrimonio del fisco, y será quien tendrá personería para demandar ante la Suprema Corte.

La demanda contra Saur se materializará en los próximos días, y dará nuevo protagonismo público a De Rosas, en momentos en los que enfrenta un nuevo pedido de Jury de Enjuiciamiento.

En esta oportunidad impulsado por la diputada Patricia Gutiérrez, los senadores macristas Gustavo Valls y Gustavo Cairo y los diputados radicales Daniel Di Martino, Roberto Infante y Alejandro Limas, bajo los cargos de no haber reclamado a la Nación ni el aporte del 15% para Anses, ni una mayor liquidación de regalías.

También agregan la acusación de haber beneficiado con sus fallos al grupo empresario Vila-Manzano.

La demanda contra Saur quedó prácticamente lista en los últimos meses de la gobernación de Celso Jaque y hacia fines de noviembre, ya tenía 130 páginas.

Por entonces las auditorías de la UNCuyo y la UTN ya habían llegado a la conclusión de que el monto a reclamar oscilaba entre los 408 millones de pesos y los 738 millones, según fuera la amplitud de la demanda. En estos momentos, se analiza una actualización de esos montos.

Saur International siempre se defendió argumentando que la ausencia de inversión se debió a la falta de actualización de la tarifa, pero el informe de la UTN destacó que en 1998 Obras Sanitarias Mendoza tenía rentabilidad positiva y para entonces ya había incurrido en notorios incumplimientos.

El reclamo judicial será por daños y perjuicios causados a la provincia como consecuencia de los múltiples incumplimientos al contrato de concesión de la empresa Obras Sanitarias Mendoza SA, a las cartas de entendimiento suscriptas, a los acuerdos complementarios y a la legislación provincial y nacional, en su condición de ex concesionaria de los servicios de saneamiento y agua potable de Mendoza hasta el 27 de setiembre de 2010.

Todo indica que el reclamo se iniciará contra Aguas de Mendoza SA, y al mismo tiempo contra Saur Internacional, porque el artículo 22 de la Ley de Sociedades permite que el emplazamiento a una sociedad constituida en el extranjero pueda cumplirse en la República.

A lo largo del proceso de elaboración de la demanda los profesionales intervinientes han encontrado "fundamentos jurídicos más que sobrados" e incluso contemplan la posibilidad de una presentación directa ante la Suprema Corte de Justicia, para que dicte una medida cautelar con el objetivo de que "durante el proceso se ponga a resguardo determinados bienes o ingresos del demandado a fin de asegurar el resultado de la sentencia" para asegurar que la Provincia cobre el monto requerido.

Sin embargo, la fecha de presentación de la querella local quedó enteramente condicionada a la marcha de la presentación de una demanda en sentido contrario de Saur contra la Provincia de Mendoza ante el Centro Internacional de Arreglos y Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), el tribunal administrativo del Banco Mundial en Washington.

En noviembre pasado hubo una audiencia entre las partes y se espera un pronunciamiento del tribunal antes de julio.