El gobernador Francisco Pérez no aportará pruebas a la Justicia de Faltas en la causa que se tramita por el entredicho que tuvo por la minería con la psicóloga Elena Ríos. En forma terminante el mandatario dijo ayer en San Martín que "no voy a presentar pruebas; es un tema del pasado", aunque no disimuló que el hecho le molesta aún.

El altercado se produjo después de la reunión que la semana pasada Pérez mantuvo con los gobernadores de San Juan, José Luis Gioja, y de La Rioja, Luis Beder Herrera, por el acuerdo del mosto, horas antes de viajar a los Estados Unidos.

Según la versión oficial, la mujer "insultó al mandatario". Sin embargo, la psicóloga -que después fue detenida en la Casa de Gobierno- lo negó terminantemente y afirmó que posteriormente vivió un hecho vergonzoso en la subcomisaría del palacio gubernamental donde "hasta fue obligada a desnudarse en una requisa que efectuó una mujer policía".

Pérez insistió en el Este que la denuncia fue desestimada por la Justicia y que si de él depende, no se reactivará nunca más. Pero aclaró que si el incidente no se hubiera producido sobre la hora de su partida hacia Washington, la resolución hubiera sido otra.

Al responder a comentarios que se formularon durante su ausencia respecto de que no defendía los derechos humanos, indicó que "a mí no me pueden acusar de no defender los derechos humanos. Yo jerarquicé la Dirección de Derechos Humanos, transformándola en subsecretaría. Fui el primer gobernador que se reunió con la agrupación Hijos", agregó.

También reiteró que no tuvo nada que ver con la radicación de la denuncia en contra de la psicóloga en la Justicia de Faltas, en donde se abrió una investigación que hasta ahora no tiene pruebas sustentables en contra de la mujer.

La única forma que avance la causa es que Pérez o que el coordinador de Gabinete, Eduardo Bauzá, se presenten en el tribunal y declaren que la mujer lo insultó, lo que está encuadrado en el Código de Faltas. La denuncia la había formulado el jefe de la custodia de Pérez.

El abogado de la psicóloga, doctor Hugo Pedrosa, señaló la semana pasada, al acompañarla a la Justicia de Faltas, que cuando el juez tomó el expediente advirtió que no reunía los elementos necesarios para realizar la imputación. Por lo que se estima que con las declaraciones formuladas por el gobernador en San Martín, el caso está cerrado.

El hecho tuvo amplia repercusión nacional y fue el comienzo para la reapertura del debate sobre la política que en materia minera debe de concretar el nuevo gobierno. En ese sentido intendentes, sectores privados, funcionarios y grupos ambientalistas han fijado distintas posiciones.