Francisco Pérez está dispuesto a discutir -y eventualmente aceptar- el desdoblamiento de las elecciones que impulsan radicales y demócratas, a cambio de que ambas fuerzas opositoras acompañen una reforma de la Constitución provincial que contemple la reelección para el cargo de gobernador sin excluirlo.

Tal es la importancia que el Ejecutivo le asigna a la modificación de la Carta Magna provincial que es vista en la Casa de Gobierno como "el hecho fundacional más trascendente de toda una generación", como "la mayor mejora institucional de la provincia" y como el "desafío generacional que saldará en el siglo XXI una deuda del siglo XX".

Pérez avanza en la definición del texto final del proyecto de ley que enviará en diez días más a la Legislatura y que declara la necesidad de reforma de la Constitución y establece un temario de una veintena de puntos a tratar, entre los cuales se encuentra la autonomía municipal, la autarquía judicial (elevando la apuesta del proyecto de ley que el lunes enviará para su debate); la incorporación de los jóvenes de 16 años al sufragio, la representación departamental en el Senado y un punto sobre reelecciones que habilita al Gobernador y Vice a aspirar a un nuevo período.

La semana entrante el mandatario continuará con sus reuniones con intendentes, legisladores y dirigentes del justicialismo a fin de alcanzar una postura uniforme sobre cada uno de los puntos del temario a proponer.

"Una vez que estemos abroquelados, enviaremos el proyecto", confirman en la Casa de Gobierno. Esto no es simple porque cada sector interno tiene posturas antagónicas sobre algunos temas.

Tras el ingreso a la Legislatura, el oficialismo comenzará una etapa de negociaciones con la UCR y el PD, a cargo del vicegobernador Carlos Ciurca, con la intención de introducir nuevos temas o ajustar los propuestos. Esto sucederá en la semana del 11 al 15 de setiembre.

Agenda abierta

¿Están dispuestos a convocar a elecciones separadas de las nacionales a cambio de que la oposición acompañe la reforma constitucional con reelección?, le preguntó Los Andes a uno de los máximos colaboradores de Pérez.

"El Gobernador lo ha pedido y vamos a discutir todos los temas (con la oposición). Ninguno va a quedar afuera", confirmó. En la Casa de Gobierno estiman que la alianza de radicales y demócratas en favor del desdoblamiento beneficiará al PD a costa de la UCR antes que del PJ en una elección legislativa como la de 2013.

Y se muestran dispuestos a aceptarla -aún a regañadientes- siempre y cuando esto permita la reforma con reelección, el objetivo central por el que están dispuestos a pagar el precio más elevado.

"Debe salir una reforma institucional que incluya la actualización de la Carta Magna y la reforma política. O salen las dos, o no saldrá ninguna", aseguran en referencia a la necesidad de los dos tercios de los votos para que se aprueben ambos proyectos. De por sí el justicialismo necesitará el apoyo opositor para conseguir los dos tercios en ambas cámaras para avanzar en el proceso de reforma constitucional.

Y la UCR y el PD necesitarán del acompañamiento justicialista para lograr los dos tercios de los votos en Diputados si aspiran a insistir en una reforma política que haya sido aprobada inicialmente en la cámara baja (donde tienen mayoría simple) y rechazada en el Senado (donde hay paridad de fuerzas).

"Aún en el caso improbable de que consiguieran aprobar en la Legislatura una reforma política sin modificación constitucional, el Gobernador vetará la norma", adelantan sin tapujos en el Ejecutivo. "Un 'no' de uno de los dos lados significará suma cero. O salen las dos. O no saldrá ninguna", advierten.

Y ya imaginan un cronograma en el que en la próxima elección legislativa se incluya el plebiscito que autorice a la reforma constitucional. Y una elección de convencionales constituyentes hacia febrero o marzo de 2014 para que la convención finalice su tarea en febrero o marzo de 2015, más de seis meses antes de la próxima elección de gobernador. Hay que recordar que por disposición constitucional la convención constituyente tiene un máximo de funcionamiento de un año.

Los argumentos oficialistas en favor del proceso de reforma constitucional no sólo girarán en la necesidad de aggiornar una norma que está a punto de cumplir un siglo, sino que se hará hincapié en "la amplitud de opiniones que reflejará la convención".

Es que el número de convencionales constituyentes se eleva a 86 (la suma de senadores y diputados). Esto significa 28 por el primer distrito, 22 por el segundo, 18 por el tercero y 18 por el cuarto. "Con estos números y con el sistema D'Hont (proporcional) no hay forma de que no se vean reflejados no sólo los tres primeros partidos políticos sino también cuartos y hasta quintos", afirman para hacer tentadora la oferta en las fuerzas sin actual representación legislativa.

"Incluso se podrá hacer campaña por ejes temáticos, como podría ser por ejemplo la ecología y esto puede lograr aglutinar votos mayoritarios en fuerzas políticas minoritarias", manifiestan mostrando la primera punta de un "operativo tentación" que está a horas de ponerse en marcha.