La nueva ley antidroga que el Gobierno provincial busca poner en marcha hará que los fiscales de instrucción reciban las causas relacionadas con el tráfico, la venta o la distribución de drogas en escala menor.

Para enfrentar ese caudal de casos, la gestión de José Manuel de la Sota prevé crear el fuero de Lucha contra el Narcotráfico, pero que solamente funcionará en Córdoba capital con un Juzgado de Control y tres fiscalías de instrucción. En Río Cuarto, como en las demás circunscripciones del interior, no se creará ninguna dependencia nueva y los fiscales que ya están trabajando, y que deben intervenir en todos los casos penales y en buena parte de los civiles que llegan a Tribunales, también tendrán que dedicarse a las causas por la venta de drogas.

Tanto en el Palacio de Justicia como en el Colegio de Abogados ya prevén que las causas generarán una sobrecarga que complicará aún más el ya desbordado sistema judicial riocuartense.

Ayer, el Gobierno provincial dio a conocer incluso los nombres de los funcionarios judiciales cordobeses que estarán a cargo, específicamente, de las causas relacionadas con el tráfico de drogas en escala menor. Y, tal como dice el proyecto de ley enviado a la Legislatura, en el interior todo seguirá igual: “(...) En los restantes centros judiciales de la Primera Circunscripción y demás Circunscripciones Judiciales y Departamentos de la Provincia intervendrán los demás órganos actualmente existentes”, dice el texto.

Facundo Carranza, presidente del Colegio de Abogados, indicó que, seguramente, será una sobrecarga para las fiscalías riocuartenses. “El problema es que hay una fiscalía pendiente de creación. Es decir, el Consejo de la Magistratura y la Fiscalía entendieron que era necesario crear una nueva fiscalía. Todavía no está en marcha y asignarles nuevas tareas a las que están implica obviamente una sobrecarga. Ya tienen una multiplicidad de áreas por atender y no es bueno seguir agregándoles obligaciones”, dijo Carranza.

Por su parte, un fiscal riocuartense opinó también que la nueva ley va a implicar una recarga. “La mayor parte de los casos por drogas son por venta en escala menor. Es decir, van a terminar en las fiscalías y va a obligarnos a intervenir en un área que requiere una fuerte especialización”, indicó.