Mientras diferentes organismos del gobierno, capitaneados por el Ministerio de Hacienda, exigen a más no poder al lápiz fino que traza los números finales de la proyección presupuestaria 2013, la Legislatura se encuentra en apresto para dar forma a lo que serán las sesiones extraordinarias, cuyo motivo principal de convocatoria será precisamente el presupuesto del año próximo, aunque no se descarta la posibilidad de incorporar otros temas de especial interés para el conjunto de los jujeños y que hacen a la formación de futuras generaciones.

El presupuesto es por naturaleza una herramienta clave para alcanzar metas en el campo del desarrollo humano y permite encausar una gestión con estabilidad social e institucional, al mismo tiempo actúa como agente generador de ordenamiento administrativo y hasta político.

No obstante el hermetismo que domina la elaboración del proyecto, se pudo conocer que el borrador se orienta a eficientizar el gasto público, de modo de no resentir la capacidad de resolución estatal y, simultáneamente, poner a resguardo la disponibilidad de recursos, respetando pautas económicas generales que se allanan a los compromisos asumidos ante Nación. Como ocurriera años anteriores, en esta oportunidad la estructura de gasto también mostrará como principal componente las erogaciones por personal, un ítem no susceptible a la baja, motivado por la dinámica de la política salarial y el acompañamiento del Estado provincial al crecimiento del valor del salario y la preservación de la fuente laboral.

El futuro texto de la “ley de leyes” es precavido y de él se desprende que los datos que sustentarán cálculos generales de ingresos y egresos, como así también la distribución de partidas, darán cuenta del severo impacto de la crisis internacional en la economía argentina con sus lógicas derivaciones en las cuentas provinciales, esto es, ni más ni menos, privilegia la previsibilidad, a su vez un principio de compleja cristalización, atento a la dependencia del financiamiento nacional que expone a Jujuy a las idas y vueltas de los ciclos económicos globales y ni hablar de las variaciones que se desprenden de la laberíntica política nacional que procura dejar atrás la fase de desaceleración de la actividad económica.

Cargando aún el pesado antecedente de lo acontecido en los mercados internacionales y en los sistemas financieros del mundo, los responsables de administrar la cosa pública agudizaron su enfoque preventivo sobre la crisis globalizada. El presupuesto 2013 procurará posicionar a Jujuy en una plataforma mejor preparada para afrontar las adversidades, las previstas y las que eventualmente surjan, que puedan hacer mella en la administración.

ACOMETIDA GREMIAL

En la recta final del año, también asoma un tema de índole gremial, que no es otro que el pedido de un bono de carácter extraordinario para los agentes de la administración pública, tema urticante por cuanto se amontona con los compromisos salariales que representan el pago regular de haberes mensuales y la última parte del aguinaldo.

Hasta aquí, salvo alguna que otra excepción, el diálogo entre representantes del gobierno y dirigencia gremial se desarrolló bajo términos de estricta madurez, responsabilidad y grandeza, alumbrando acuerdos superadores que permitieron garantizar sustentabilidad en la pauta salarial. Es de esperar entonces, que el último embate gremial del año alcance similar desenlace.

A poco de plantearse las conversaciones por esta ayuda que piden los estatales, es oportuno rescatar los valores antes citados, pues son rectores de toda negociación racional, tan necesaria en estos días en los que los extremos en nada contribuyen a un escenario positivo.

También es de esperar que las expectativas iniciales de los nucleamientos gremiales sean propensas al alto vuelo, sin embargo la realidad fiscal y financiera del país y, muy especialmente, de Jujuy, marcan un techo a las pretensiones y no deja más margen que asumir exclusivamente compromisos de cumplimiento real. Las partes tendrán que hacer gala de capacidad de pilotaje de una situación que establecerá límites entre la demanda y lo posible, en el difícil ejercicio de administrar la escasez.

No hay que olvidar que, detrás de la involución de los recursos, de ingresos con reducido ritmo de expansión, subyacen las dificultades que originan las demandas internas y que el conjunto de las provincias padecen, algunas en alarmante medida y otras en niveles tolerables.

UNA VEZ MAS LA

COPARTICIPACION

El renovado ímpetu con que se busca instalar la discusión por una ley de coparticipación, conduce a un impacto directo entre el planteo legítimo y originado en la autonomía municipal el oportunismo de quienes se encaminan hacia un proceso electoral abreviadoy la necesidad de cubrir desacertados criterios de administración de los medios comunales.

Hay quienes ven a la coparticipación como una fórmula mágica para superar adversidades financieras, valorándola como excluyente herramienta para forjar un futuro con desarrollo municipal inclusivo y sustentable en el tiempo.

Los vecinos, directos damnificados de los yerros administrativos, muy frecuentes en las áreas de Hacienda de algunos municipios, se dan cuenta que una ley de coparticipación no es la llave única que abre las puertas al crecimiento y están dispuestos a hacer saber que exigirán a sus autoridades comunales capacidad para motorizar una evolución en sus respectivas gestiones, transparentando actos de gobierno, el manejo de las finanzas y todo aspecto administrativo.

Los recientes pedidos por un nuevo esquema de reparto (se llegó a hablar de judicializar el tema) sacan a la luz circunstancias que patentizan cierta desorientación que, indefectiblemente, conduce a procesos desbordantes y controvertidos que terminan afectando el interés de la comunidad.

Desde ya, los medios que actualmente el Estado provincial derrama sobre los municipios, siguiendo pautas establecidas por las disposiciones legales vigentes en la materia, resultan insuficientes, pero no siempre por su naturaleza cuantitativa limitada, sino por la laberíntica situación social, política, financiera e institucional en que se encuentran las comunas y que las sucesivas administraciones se encargaron de germinar y abonar, con desatinos que se observan hasta el día de hoy y que son motivo de discusiones y duras confrontaciones internas.

Sin duda alguna, tendrá que llegar el momento de sentar en una misma mesa a gobierno provincial, intendentes y comisionados para cosechar puntos de vista y unificar criterios en torno a la pretendida ley de coparticipación, en un saludable ejercicio democrático y de apertura que garantice equidad. Pero, hasta entonces, habrá que evitar confrontaciones, desinformación y manipulaciones estériles, cuya génesis no es otra que el apuro de unos cuantos.