Es una ley a medias sobre un tema importante. El problema existe, es grave, y exige un mandato preciso de los legisladores.

Lo llamativo es que dedica tres artículos del texto a amenazar a los medios de comunicación por si no siguen cumpliendo lo que hoy tienen como norma: observar las recomendaciones del Programa Supre, de la Organización Mundial de la Salud.

En el caso de El Tribuno, nadie podrá documentar un tratamiento no periodístico ni reñido con la ética de casos de suicidios.

Sin embargo, el texto ordena que “cuando los medios de comunicación de la Provincia de Salta difundan una noticia de un suicidio o intento de quitarse la vida, están obligados a proporcionar el número de Línea de Asistencia al Suicida”.

Un detalle: la idea es evitar la publicación de suicidios, salvo que se trate de episodios, por sus características, insoslayables. Finalmente el texto amenaza con que cualquier infracción “será puesta en conocimiento de la OMS”.

Para los diarios, en general, se trata de un principio de responsabilidad social. Los periodistas sabemos antes que nadie que no se deben publicar noticias que puedan desencadenar tendencias suicidas en algunas personas. La recomendación convendría hacerla a los comunicadores y funcionarios del Estado que, en más de una oportunidad, y generalmente para evitar un efecto político adverso, se adelantan a los médicos y a los peritos para informar sobre este tipo de desgraciados hechos.