"Los delitos contra la integridad sexual tienen un índice de prevalencia importante", destacaron las tres profesionales que están a cargo de la Oficina de Atención a la Víctima, que está contemplada en el nuevo Código Procesal Penal, y que funciona desde hace poco más de un mes en los tribunales de esta ciudad.

Dicha oficina está conformada por la abogada Natalia Morini, la psicóloga Adriana Piras y la asistente social Daniela Lloret, y funciona como una extensión del Ministerio Público Fiscal (MPF).

Piras señaló que "los delitos sobre la integridad sexual es una problemática muy importante, porque abarca variables que tienen que ver con lo familiar, lo individual y lo social. La gente se atreve ahora a denunciarlo más y esto permite que la Justicia intervenga".

La dependencia que funciona en los tribunales de General Pico, se abrió hace poco más de un mes, luego que iniciara su trabajo la oficina de General Acha.

Las profesionales que concursaron los cargos, indicaron que hasta el momento atienden a víctimas y a testigos que son "derivados por los equipos fiscales". En un futuro, recibirán demandas espontáneas y de oficio.

La oficina funciona dentro de los tribunales, aunque en un futuro ocupará un espacio físico externo, que les permita a los profesionales trabajar con mayor comodidad.

La psicóloga Adriana Piras indicó que deben funcionar como "un nexo entre la víctima y la fiscalía", y destacó que aunque trabajan en forma conjunta con el MPF, "tienen una autonomía funcional que les permite tener mayor libertad en cuanto a los criterios de trabajo".

Función.

La Oficina de Atención a la Víctima fue creada para brindar una primera asistencia a las víctimas de todo tipo de delitos, en lo referente a la superación del trauma, al asesoramiento legal y a la contención.

Representan a las víctimas en todas las instancias judiciales, realizan las gestiones ante las autoridades gubernamentales cuando necesiten recibir asistencia o un tratamiento, y asesoran a los equipos fiscales, a través del aporte de elementos que permitan comprender mejor la situación de esa persona.

Las profesionales indicaron que, si bien desde dicha dependencia se trabaja sobre todos los delitos, se priorizan los casos de violencia de género y delitos contra la integridad sexual, al igual que aquellos en los cuales estuvo en riesgo la vida de la persona.

Este equipo de trabajo se planteó como "objetivo a largo plazo", trazar un mapa victimológico" de los casos más recurrentes, para conocer el grupo etario en el cual se registran los delitos.

"Se apunta a dar un abordaje interdisciplinario, que incluye a las tres áreas. Que la persona esté preparada para pasar por el proceso legal, que tenga el asesoramiento legal y se le haga un seguimiento. Se hace un abordaje general, porque no sólo se interviene sobre la persona, si no también sobre el entorno", agregó Piras.

Por último, las profesionales que están a cargo de esta nueva dependencia judicial, calificaron como "un importante logro social y jurídico" la instalación de dicha oficina, puesto que representa un "avance en materia legal, en relación a los sectores más vulnerables, que necesitan de un tipo de ayuda específico".