El autor de la iniciativa sostuvo en los fundamentos que “en una primera etapa, se realizó un relevamiento e indagación en la temática de los consejos como ámbitos de participación ciudadana e instancias de intervención en la órbita del sistema de salud pública de la Provincia del Chaco. Esta primera experiencia permitió conocer las tendencias, experiencias y propuestas conceptuales y metodológicas en distintos contextos y detectar expectativas, necesidades y problemas por parte de organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la temática, como así también por parte de los trabajadores de la salud que detallaremos más adelante”.

“Desde una mirada global, podemos señalar que la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 1948 define a la salud como "un estado de completo bienestar físico, mental, social, y no solo la ausencia de afecciones o enfermedades".

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales al cual adhirió la Argentina, reconoce en su artículo 12 "el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de Salud física y mental".

“En 1978, la Conferencia Internacional de Alma Ata sobre Atención Primaria de Salud (APS) establecía en el literal IV que "El pueblo tiene el derecho y el deber de participar individual y colectivamente en la planificación y aplicación de su atención de salud". Agregando además en el literal VII, numeral 5, que "La atención primaria de salud exige y fomenta en grado máximo la auto responsabilidad y la participación de la comunidad y del individuo en la planificación, la organización, el funcionamiento y el control de la atención primaria de salud, sacando el mayor partido posible de los recursos locales y nacionales y de otros recursos disponibles, y con tal fin, desarrolla mediante la educación apropiada la capacidad de las comunidades para participar." De esta manera, la Declaración de Alma Ata catapultó una serie de políticas, programas y experiencias de participación en salud, que se sucedieron en el mundo y particularmente en los países de nuestro continente, en cuya base estaba la asunción de que la participación comunitaria debía ser un componente fundamental de la organización de la atención a la salud. La participación pasaba a ser considerada como derecho y deber, y como necesaria en todo el proceso de gestión desde la planificación hasta el control de la atención de la salud.

Luego, en 1986 surge, como otro hito importante en la salud pública del mundo, la Carta de Ottawa de Promoción de la Salud, que plantea entre sus estrategias "el reforzamiento de la acción comunitaria", entendida de la siguiente manera: "La promoción de la salud radica en la participación efectiva y concreta de la comunidad en la fijación de prioridades, la toma de decisiones y la elaboración y puesta en marcha de estrategias de planificación para alcanzar un mejor nivel de salud. La fuerza motriz de este proceso proviene del poder real de las comunidades, de la posesión y del control que tengan sobre sus propios empeños y destinos. El desarrollo de la comunidad se basa en los recursos humanos y materiales con que cuenta la comunidad misma para estimular la independencia y el apoyo social, así como para desarrollar sistemas flexibles que refuercen la participación pública y el control de las cuestiones sanitarias. Esto requiere un total y constante acceso a la información y a la instrucción sanitaria, así como a la ayuda financiera".

De esta manera, y reforzando la idea inicial de la Atención Primaria de Salud (APS) de la Declaración de Alma Ata, la Carta de Otawa avanza en la discusión de la participación comunitaria al relacionarla explícitamente con el tema del poder. Es decir, la participación no es entendida solamente como el involucramiento en alguna acción sanitaria o en la gestión de la atención, sino como el real ejercicio de poder, tanto del individuo como de la comunidad, sobre los procesos que están en juego en esa acción sanitaria y sobre los propios recursos para esa acción, recursos que provienen del propio individuo, de la comunidad o del Estado. Esto sin duda, traslada el asunto de la participación en salud de la esfera meramente técnica, a una que tiene un carácter eminentemente político.

Finalmente, en el Informe Mundial de la Comisión de Determinantes Sociales (CDSS) (OMS, 2008). Los resultados de la CDSS sobre los aspectos que determinan el perfil de salud y enfermedad de las poblaciones demuestran, en efecto, que las inequidades sociales constituyen el determinante sustancial de los problemas de salud.