Una mujer que figura como titular de una empresa de servicios se convirtió ayer en el único de los acusados que aceptó prestar declaración indagatoria en la segunda jornada del juicio por el uso de adelantos con cargo a rendir durante la gestión del ex gobernador Jorge Colazo. Por su parte, otros cuatro comerciantes que según la acusación fiscal aportaron presupuestos o facturas para consumar una defraudación al Estado, hicieron uso del derecho de negarse a declarar.

La audiencia que comenzó a las 10.40 y concluyó pasadas las 12 se caracterizó así por la renuencia de los imputados a brindar detalles sobre las contrataciones que realizó la Secretaría de Obras Públicas a fines de 2004, con el objeto de efectuar reparaciones en dependencias de la Policía.

Los trabajos se pagaron con adelantos con cargo a rendir por un total de 550 mil pesos, aunque informes posteriores de la propia fuerza de seguridad y del Tribunal de Cuentas sostienen que las obras nunca se realizaron (en la mayoría de los casos) o se efectuaron en forma parcial.

Según determinaron los jueces Alejandro Pagano Zavalía, Roberto Magraner y Javier de Gamas Soler, el juicio continuará hoy a partir de las 9 con la declaración de entre cuatro y cinco testigos ofrecidos por la defensa. Entre ellos el que genera más expectativa es Luis Bernales, quien actuaba como director de administración en el área de Obras Públicas cuando tuvieron lugar los sucesos sometidos a investigación.

Una que habló

Viviana Pinus, responsable de la empresa VAP, fue el único de los acusados que declaró ayer ante el tribunal. La mujer está imputada por la presentación de un presupuesto que habría posibilitado la consumación de una de las maniobras investigadas, y por la facturación y el cobro de dos trabajos (en la Jefatura de Policía y en el puesto caminero de Lago Escondido) que nunca se habrían realizado.

Sin embargo, ayer sostuvo que por pedido de su ex marido (también imputado en el caso) inscribió la empresa ante la Afip pero nunca tuvo contacto con las actividades que desarrollaba, ni facturó ni firmó ningún presupuesto. A Pinus le exhibieron los presupuestos y las facturas que constan en el expediente y desconoció haberlos suscripto.

Por su parte los comerciantes Alejandro Moreno (uno de los dueños de Atlas Construcciones) Pablo de la Cruz Peña, Silvio Sevilla y Celia Trevisan, optaron por negarse a declarar en esta instancia del proceso.