Voy a participar en ese debate con la voluntad de representar los reclamos más sentidos de nuestra región y nuestra provincia con una visión diferente de la Argentina oficial, tanto de la realidad económica que refleja el presupuesto, como del marco discrecional de la política en que se halla inserta.

Se nos ha propuesto votar a libro cerrado un texto legal enviado por el Poder Ejecutivo cuyas proyecciones económicas fundamentales, como el crecimiento del producto (4,4 %), el promedio de aumento de salarios (13 %), el recorte de subsidios (11 %) y el cálculo de la inflación (10,8 %), no guardan relación con la realidad. Con ello el reparto de fondos públicos seguirá siendo cada vez menos transparente y más discrecional, y se ejecutará con tantos parches y enmiendas a corto plazo que va a quedar muy poco de la propuesta sometida a votación en el recinto de la Cámara.

Sobran los motivos para rechazar este proyecto y reclamar, desde todas las provincias, una mejor distribución de los recursos y menos discrecionalidad en los métodos de asignación y reparto. Pero quiero señalar, ahora, solo algunos de los aspectos más preocupantes para nuestro desarrollo provincial.

El avance de un unitarismo fiscal que concentra decisiones en las altas esferas del poder, lejos de empezar a desmontarse con este presupuesto nacional se afianza cada día más por fuera de la Coparticipación Federal de Impuestos, que se ha reducido a valores mínimos de su historia. Entonces nuestro reclamo de más transferencias a las provincias, para hacer frente a las deudas y los déficits provinciales, ya que todas recibirán menos ingresos y deberán afrontar más gastos.

Las provincias cada vez más desfinanciadas vienen perdiendo año tras año su participación en la distribución de los recursos tributarios de origen nacional, mientras al Congreso se le exige otorgar poderes extraordinarios al Poder Ejecutivo, con carácter permanente. Hay una clara cuestión política de construcción de poder central y debilitamiento de los gobiernos locales, y esa matriz de acumulación se mantiene y profundiza con este presupuesto.

La orientación del gasto público repartido arbitrariamente en todos los niveles de gobierno, pese a su magnitud durante estos años, no ha solucionado problemas estructurales de la economía argentina.

Ahora las economías regionales se ven afectadas negativamente. Muchos costos de las producciones locales se han exacerbado y hay pérdidas de ingresos que se transfieren desde los productores a los consumidores. Es decir, de las economías regionales a las ciudades. Con este presupuesto, una vez más, se omite una programación auténticamente federal y una distribución equitativa y se acentúa el proceso de concentración de la riqueza que ya sufre dramáticamente nuestro país.

Las obras públicas necesarias para el Chaco no tienen partidas asignadas para el próximo año. Esto es muy preocupante porque será escaso el avance en infraestructura y notoria la caída de inversión en la construcción que va a generar desempleo, por más que se reitere la enumeración de obras que muchas veces no llegan a realizarse.

Efectos del ajuste

Basta revisar las partidas previstas para obras públicas en la provincia, pues queda demostrada la escasa o nula asignación de fondos que se le otorga a todos los proyectos de obra durante 2013. La mayoría no tiene financiamiento y señala muy bajo nivel de ejecución en los próximos dos años, 2013 y 2014, y deja casi la totalidad de la construcción y el pago diferido para 2015.

Así ocurre con el sistema de defensa de puerto Barranqueras, el proyecto de obra de mejoramiento de la Hidrovia Paraná-Paraguay, el acceso a Sáenz Peña de la ruta 95, el puente ferro automotor Chaco-Corrientes y la ruta nacional 16 (Metán-Avia Terai).

El gasoducto del NEA no tiene ninguna partida de gasto asignada para el ejercicio 2013. Solo se menciona la obra del gasoducto junto a la planta y el buque regasificador, y otras obras de ampliación de gasoductos sin discriminar en el capítulo de avales para operaciones de crédito público plurianuales, aunque los avales por otorgar para todas esas obras son para 2014. No hay partida prevista, ni avales para créditos durante el ejercicio 2013.

Debo destacar que el año pasado aprobamos, en los artículos 66 y 67 de la Ley de Presupuesto 2012, la creación de un fondo fiduciario conformado con el aporte de todos los usuarios de gas natural por redes para financiar el Gasnea. El Ministerio de Planificación y Enarsa debían informar al Congreso el destino de estos fondos, y a mi requisitoria me respondieron el mes pasado que no sabían, pero además está parada la licitación de las obras, con serias complicaciones que postergan su ejecución.

También he pedido que se incluya en el presupuesto una obra como el Plan Director de Cloacas del Gran Resistencia. Me parece de toda justicia que se incluya esta obra pues resulta de vital importancia para el desarrollo urbano y el saneamiento de la ciudad de Resistencia, máxime cuando en 2011 se había dispuesto asistir a muchos centros urbanos con población superior a los 50.000 habitantes en la construcción del sistema cloacal de varias localidades, especialmente en el conurbano bonaerense.

Creo que lamentablemente las inversiones prioritarias en infraestructura serán postergadas, porque los recursos fiscales se concentran y acumulan en manos del poder central, mientras las provincias deben soportar las consecuencias del ajuste. También este presupuesto revela que el dinero que entre a las arcas del fisco nacional se usará mayoritariamente en gastos corrientes y la inversión en obras y bienes de capital se financiará con avales o créditos. Por efecto del ajuste, quedarán relegadas las inversiones para las obras públicas, el transporte, la energía y los servicios públicos esenciales en el interior del país.

La inversión en vivienda será otra vez una de las grandes postergadas. Los recursos que se destinen serán aportados por la Anses a una tasa de interés negativa respecto de la inflación y no por el fisco, por lo cual el presupuesto no da cuenta de esos importes, de modo que no hay previsiones presupuestarias para la construcción de viviendas.

Aunque la seguridad es considerada el principal problema del país, la planilla que da cuenta sobre la finalidad y función del gasto informa que su mayoría será para los sueldos del personal y apenas un porcentaje del 6,18% (1008 millones de pesos) irá destinado a equipamiento.

Orientaciones del gasto público no ayudan

Otro de los puntos críticos de los últimos años, el transporte, no merece tampoco un mayor desvelo presupuestario. El total de inversión en transporte, energía, combustibles, minería, comunicaciones y medio ambiente crece un 15,7 por ciento y, en particular, la destinada al sector transporte, sólo un 12,6 por ciento. De hecho, con estos guarismos no es esperable ninguna mejora sustantiva en la calidad y seguridad en los servicios de los que es responsable la Nación.

También se ha modificado el objeto al cual se podrán aplicar los cargos específicos que se imponen a los usuarios de servicios públicos. Ahora se podrán destinar esos recursos que se recaudan en cada factura de luz, para financiar importaciones de combustibles —con gran incremento de las partidas previstas— y ya no solamente a obras de infraestructura.

En ayuda de nuestras economías regionales hubiéramos deseado que este presupuesto nacional contenga medidas relacionadas con los reintegros a la exportación, algunas bajas en las retenciones, devoluciones de IVA y medidas arancelarias que mejoren el tipo de cambio, para recuperar la rentabilidad de nuestras producciones locales.

En cambio, aparecen ahora asiduamente en este presupuesto las exenciones de impuestos y permisos para que empresas u organismos se endeuden para importar combustibles, cupos de nafta y gasoil, compromisos de pagos y partidas millonarias para financiar la crisis energética.

Sin embargo, los subsidios que autoriza distribuir este presupuesto no van a darnos ninguna clase de compensaciones tarifarias en la región —como vengo reclamando con insistencia—, a pesar de que no tenemos gas de red y estamos afrontando los costos más elevados del país en electricidad.

En definitiva, ninguna de las orientaciones del gasto público ayudan a nuestra región, ni contribuyen a explicar el creciente déficit fiscal y financiero del país después de varios años de bonanza económica. Y son más los problemas que se postergan de los que se resuelven.