El presupuesto de la Justicia rionegrina presentó el año pasado una situación muy comprometida, marcada por la escasez de crédito y la imposibilidad de desarrollar planes de inversión y la puesta en marcha de organismos creados por ley, aún pendientes de funcionar, según se desprende de un balance presentado por Luis Lutz, del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro en un informe fechado el 30 de junio de este año

En números detallados, el informe resume que el total ejecutado al 31 de diciembre del año pasado fue de 175.792.429 pesos, financiados con fondos de rentas generales por 172.237.800 y con recursos propios por 3.554.629 pesos, sin contar la ejecución de los remantes de aportes propios de ejercicios anteriores.

Según Lutz, para imputar la totalidad de los gastos del ejercicio 2009, el ministerio de Hacienda de Río Negro tuvo que reforzar el presupuesto del Poder Judicial con créditos de rentas generales con 12.786.800 pesos.

El juez del STJ resumió que la situación planteada demoró la aplicación de recomposiciones de las remuneraciones de magistrados y funcionarios judiciales y salarios de los funcionarios de ley y empleados, aunque reconoció que la situación se regularizó a partir del primero de enero de este año.

Refirió que la Ley de Presupuesto 4372, asignó “apenas” al poder Judicial un total de 162.791.000 pesos, financiado con rentas generales con 159.451.000 y con recursos propios por 3.340.000 pesos, es decir un 27,80 por ciento menos del proyecto de presupuesto, según calculó Lutz, en un informe difundido por ADN.

Entre otras extensas consideraciones, el juez concluyó que “independientemente de las modificaciones posteriores que sufrió el total de presupuesto general del ejercicio 2009, la normativa refleja los múltiples inconvenientes a nivel provincial y su repercusión en la aprobación, ejecución y condicionamientos insalvables del presupuesto, con grave riesgo para la independencia del Poder Judicial” rionegrino.