La actual administración del departamento 9 de Julio es una de las más complicadas en cuanto a juicios que recaen en sus espaldas, producto de malas gestiones anteriores. A la abultada lista que ya exhibía a comienzos de este año, se le sumó un nuevo juicio, hace un par de meses, donde amenazaba el embargo de las cuentas. En total, y sumando los procesos que se encuentran en análisis judicial, la cifra supera los 2 millones de pesos, representando el 20% del total de recursos que el municipio terminará recibiendo al 31 de diciembre del corriente año por todo concepto, 8 millones de pesos en total.

“Hace un par de meses se nos inició un juicio por parte de una empresa constructora, donde se reclama pagos de la gestión anterior por una cifra de $200.000. Pero bueno gracias a Dios nos ampara la ley de Emergencia Económica, que funciona como una malla de protección para evitar los embargos”, aclaró el jefe comunal.

El Ejecutivo se dedicó a pagar y regularizar las deudas que se mantenían, principalmente con la Nación, al haber recibido fondos correspondientes a programas específicos, pero nunca haber justificado en que fueron invertidos los recursos. Como resultado y para poder seguir percibiendo esos recursos, el municipio debió pagar las deudas con la Nación y así volver a ser uno de los destinos de los planes y fondos nacionales. “En algún momento vamos a tener que enfrentar esas obligaciones, porque si bien no pertenecen a mi gestión, la institucionalidad del municipio es una sola, este quien este al frente de la intendencia”, aclaró Allende.

En definitiva, la posición del Ejecutivo es hacer frente a las distintas deudas que se contrajeron en su momento y que no es responsabilidad de la actual gestión. A pesar de ello, el propio jefe comunal mostró la intención de hacer frente a las deudas que se tienen y de ese modo achicar las deudas en la medida de lo posible.

Algunos de los casos del departamento

Uno de ellos es el que le inició la Caja de Acción Social provincial, quien solicita que se le pague los montos correspondientes a los créditos que los empleados del municipio pidieron a la entidad. El Ejecutivo era el responsable de retenerle la cuotas a los empleados y transferírselas a la Caja, cosa que nunca ocurrió, pero los descuentos en los haberes de los empleados sí se realizaron. El monto original es de casi 0.000, pero resta actualizarlo.

Por otro lado, una firma constructora, quien prestó servicios al municipio en la gestión pasada, inició el cobro por vía judicial de unos 0.000, más actualizaciones.

Pero uno de los juicios emblemáticos y más grandes que tiene el municipio de 9 de Julio es el originado en la década del 80. Concretamente en el año 1985, el municipio le compró a Semillería del Abasto maquinaria y nunca canceló la deuda y hasta la fecha no se le termina de pagar. “En algún momento se nos va a complicar y vamos a tener que pagar esas deudas. Somos conscientes de eso”, dijo el intendente Allende.