“Está muy difícil, todavía no hay acuerdo de nada”, confió una fuente del oficialismo. El panorama no es alentador.

La novela de enredos comenzó cuando el radicalismo, de la mano del ahora exconcejal Nicolás Maiorano, le devolvió el expediente al secretario de Hacienda Hernán Mourelle en la última sesión. “Falta la ordenanza complementaria, sin eso no podemos analizar el presupuesto y la fiscal impositiva. Proponemos devolverlo al Ejecutivo y que lo envíe completo”, planteó Maiorano y consiguió respaldo de propios y extraños.Durante más de 10 días, no abundaron los detalles sobre qué haría Mourelle. Desde su entorno repetían el argumento que había lanzado Guillermo Arroyo en la sesión: en ningún lado figura que el Ejecutivo está obligado a presentar la ordenanza complementaria -donde constan los sueldos y bonificaciones de los empleados municipales- junto con las ordenanzas fiscal e impositiva y el presupuesto. “Vidal nos dijo ahora el presupuesto y en febrero la complementaria”, relataron fuentes consultadas por este medio. Febrero tiene una traducción simbólica: después de la temporada se abordará el tema que promete ser espinoso.

El lunes el Ejecutivo volvió a enviar los proyectos sin cambiarle ni una coma y sin la ordenanza complementaria. Apenas acompañó los expedientes con una nota firmada por el secretario de Gobierno Alejandro Vicente, en la que decía que no estaban obligados a hacerlo.  Entonces, ¿cómo sigue la historia? Gran pregunta.

La relación entre el Ejecutivo y el radicalismo no atraviesa el mejor momento. Desde la llegada de Mourelle a Hacienda, con estrictas órdenes del gobierno provincial, los radicales se sintieron destratados. “No tuvimos ninguna reunión con él para charlar de nada”, se quejaron.

El funcionario enviado desde el riñón del ministro de Economía bonaerense Hernán Lacunza llegó para tomar decisiones drásticas y rápidas. Y con esas metas en la mente las reuniones políticas no entraban en el esquema. “Él es un técnico, viene para realizar un trabajo técnico, no queremos que se convierta en el jefe de Gabinete y tenga que salir a explicar todo”, justificaron desde La Plata.

De todos modos, el ninguneo al radicalismo le salió caro. La UCR tiene un rol clave para Cambiemos en el Concejo Deliberante, muy por encima de lo que aporta la bancada arroyista, que carece de figuras de peso, más allá de que pudo sostener al presidente del cuerpo. Hoy en la reunión de labor deliberativa hasta el propio presidente del cuerpo se quejó por la decisión de Mourelle. “Es un acto de desobediencia al Concejo”, dijo Guillermo Sáenz Saralegui, el arroyista que de tanto en tanto elige un tema para diferenciarse del intendente.

“Vamos a esperar a ver cuál es la reacción de la oposición”, anticiparon desde el radicalismo. Esta vez, no serán punta de lanza, pero si algún sector insiste con la ausencia de la ordenanza complementaria no saldrán a defender al Ejecutivo. Por caso, desde Unidad Ciudadana analizan retomar ese argumento y aseguran que más allá de la complementaria hay información que sí debe constar en el presupuesto que históricamente llega en la ordenanza anexa.

Además, lanzarán sobre la mesa lo que para todos los sectores esconde la decisión de demorar la norma complementaria: “Ahí está el ajuste”.

Este miércoles, el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) se reunió con los presidentes de los bloques y las autoridades del Concejo Deliberante para transmitirles la decisión del gobierno de Arroyo de terminar con un beneficio que tenían los municipales desde hace años. Se trata de una especie de línea de crédito que tenían a disposición para comprar distintos productos, con tasa cero, a partir de un aporte que ellos mismos hacían a través de su sueldo y quedaba a resguardo. “No había ningún negociado atrás, y sacarles eso no es ir contra Gilardi, es contra los trabajadores”, explicaron.

Esta medida alimenta todavía más la idea de que en la ordenanza complementaria habrá retoques drásticos, especialmente sobre las bonificaciones que perciben los municipales. “Entre sueldos y bonificaciones se van 4.300 millones de pesos. No es un dato menor. No podemos aprobar un presupuesto si no sabemos cómo va a ser la distribución de salarios y bonificaciones”, señalaron concejales opositores y oficialistas.

Para que avance el presupuesto, ese no es el único conflicto. Además, están los problemas más habituales: los aumentos de tasas y la distribución de los fondos por área, por citar a grandes rasgos. “Estuvimos haciendo algunas simulaciones del impacto de la suba de tasas y hay algunos casos preocupantes”, confió un concejal oficialista. Desde el Ejecutivo ya anticiparon que habrá una fuerte suba en la TSU para terrenos baldíos, porque lo que pagaban era irrisorio. En el resto, aseguran, el aumento promedio será del 27%. La oposición cree que será muy superior.

Otro tema que traerá polémica (ya la trajo) fue la eliminación de exenciones. Los teatros, por ejemplo, pusieron el grito en el cielo y pese a que se había anticipado que podía quitarse la decisión del Ejecutivo sigue en pie.

Con todo esto, la posibilidad de que todo esté aprobado antes de que termine el año es hoy una utopía. “Ni siquiera están definidas las comisiones”, alertó hoy un concejal, que agregó: “Y el único apurado por definirlas es Guillermo (Arroyo), el resto no tiene apuro”. Después de tantos cruces y ninguneos, el intendente y su entorno buscan congraciarse con la gobernadora. Pero no: le volverán a fallar.