El Congreso aportó dos novedades a la nutrida novela de la promoción industrial que desvela a Mendoza. La primera de ellas es un hecho consumado: en el Presupuesto oficial que la Cámara baja consideraba ayer no hay un solo peso para el nuevo régimen de beneficios fiscales que crea el decreto 699/2010, que en un primer momento benefició a las provincias vecinas y al que luego el gobierno de Celso Jaque trató de sumarse.

La segunda noticia es que el Senado no pudo sesionar ayer por falta de quórum -dada la férrea pelea que hay entre el oficialismo y la oposición por la eliminación de los superpoderes, el tema central de ayer- y por ello no se abordó un proyecto de promoción industrial para todo el país que elaboró la mendocina Laura Montero (UCR).

Hoy, en tanto, el diputado cobista Ricardo Mansur, que preside la comisión de Economías Regionales, intentará conseguir

consenso para sacar dictamen a un proyecto parecido al de Montero.

Según la ex ministra de Economía de Julio Cobos, no está claro si su proyecto de promoción para todo el país se tratará en las dos próximas semanas -a partir de diciembre sólo se pueden debatir iniciativas del Ejecutivo- o si pasará para el año que viene. “No lo queremos arriesgar”, explicó.

Ayer, el radicalismo tenía la venia de todo el Peronismo Federal y de algunos senadores “neutrales” que suelen definir todas las votaciones, como la rionegrina María Inés Bongiorno.

Sin embargo, el kirchnerismo, a través de Eric Calcagno, había presentado una impugnación aduciendo que una de las 5 comisiones que debía dictaminar sobre el tema no había tenido quórum suficiente a la hora de hacerlo. La estrategia de la oposición era revertir la impugnación en el recinto y, si esto no sucedía, retirar el proyecto a fin de preservarlo.

La iniciativa de Montero prevé distribuir hasta un 3% del presupuesto nacional en incentivos a las industrias de todo el país. Para ello reparte los recursos -unos 8 mil millones anuales, si se tiene en cuenta el plan de gastos 2011 diseñado por el Ejecutivo- entre 5 regiones (Noroeste, Noreste, Cuyo, Pampeana y Patagónica) según indicadores sociales (pobreza), de desarrollo industrial, producto bruto geográfico y de densidad poblacional.

De esta manera, las zonas más postergadas recibían más (NEA y NOA), Cuyo y Patagonia un poco menos y la región Pampeana casi nada. Además, prevé que todas las provincias que integran una región reciban la misma cantidad de dinero, para permitir el desarrollo de una matriz industrial interprovincial.

El proyecto de Montero no elimina los anteriores regímenes de promoción, aunque propone mejores beneficios. Entre ellos, un cupo de crédito fiscal para cancelar las contribuciones patronales de hasta el 200% de la planta de trabajadores, canjeable por una única vez, y un bono de hasta el 50% de la inversión; ambos representaban dinero fresco para los empresarios para poder arrancar con un emprendimiento.

El otro dato es más preocupante: el Ministerio de Economía no dispuso un solo centavo para los nuevos proyectos de promoción que debían nacer con el decreto 699, suspendido judicialmente por los empresarios de San Rafael y luego por el gobierno de La Pampa, que se quejó porque Mendoza se sumó a las provincias históricamente beneficiarias.

Sin embargo, Hacienda distribuye 8.462 millones de la siguiente manera: 3.543 para la promoción de Tierra del Fuego; 1.677 para el nuevo régimen de promoción de producción de biocombustibles; 1.400 millones para devolver impuestos a los bienes de producción nacional; 506 millones para la producción minera y sólo 656 millones para la “vieja” promoción industrial de La Rioja, Catamarca, San Juan y San Luis, sin tener en cuenta el decreto 699 que estiraba los proyectos promocionados en esta provincia y permitía un nuevo ciclo de 15 años con el subsidio de hasta el 40% de la masa salarial de un emprendimiento.

Esto significa que el Gobierno no previó dotar de recursos ni a la prórroga de los proyectos promocionados que llegarán el año entrante a su fin, ni tampoco para los proyectos nuevos, ya que el decreto 699 no fue contemplado.

Como se dijo, otra suerte corrió la ley madre de promoción industrial, N° 22.021 (proveniente de la última dictadura militar) que beneficia a las provincias vecinas, ya que también se incluyeron los decretos 2.454/92, 1.553/98 y otro más de 2009.