El titular del Servicio Penitenciario Bonaerense, Fernando Díaz, fue citado a indagatoria para declarar en una causa en la que se lo acusa -junto a otros 37 funcionarios- de administración fraudulenta. Díaz está sospechado de participar de esa maniobra delictiva -irregularidades millonarias en el servicio de catering del complejo penitenciario federal de Salta- durante su gestión como auditor general del Servicio Penitenciario Federal. La Comisión Provincial por la Memoria denunció que esa metodología se replica en territorio bonaerense desde que la gobernadora María Eugenia Vidal lo designó al frente del SPB y, por eso, le pidió al ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, que lo remueva de su cargo.

El titular del Juzgado Federal N° 2 de la provincia norteña, Miguel Antonio Medina, hizo lugar al pedido del fiscal federal N° 2 y coordinador de ese distrito, Eduardo José Villalba, el fiscal general a cargo de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), Miguel Palazzani, y el fiscal ad-hoc coordinador del Área de Corrupción en las Fuerzas de Seguridad de esa dependencia, Fernando Vallone, y citó a prestar declaración indagatoria a 38 funcionarios de la más alta jerarquía del Servicio Penitenciario Federal (SPF) por la deficiente alimentación en el Complejo Penitenciario Federal de Salta (NOA). Dentro de ese grupo se encuentra Díaz, nombrado por Vidal como máximo responsable del SPB en diciembre pasado, luego de la salida deFlorencia Piermarini y del escándalo por la fuga de los condenados por el triple crimen de General Rodríguez.

Además de Díaz, también fue citado a declarar el actual jefe del SPF, Emiliano Blanco. La sospecha sobre ellos apunta concretamente a la comisión del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (artículo 173 inciso 7 en función del artículo 174 inciso 5° del Código Penal), en concurso real con el delito de vejaciones (artículo 144 bis inciso 2º del C.P.). 

Según los fiscales, “la deficitaria situación alimentaria, crónica y extendida que se acreditó en el Complejo Penitenciario Federal NOA” tiene relación con un escenario “plagado de irregulares contrataciones millonarias, gestionadas por las autoridades penitenciarias”. Los directores de la firma proveedora,Servicios Integrales de Alimentación S.A., también serán indagados. Fuentes de la Comisión Provincial por la Memoria, el organismo que encabeza el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, detallaron que Díaz, como auditor general del SPF en el momento de la denuncia, "no solo no controló ni denunció sino que avaló las irregularidades delictivas en 40 expedientes de ´legítimo abono´".

"El legítimo abono es un régimen irregular y excepcionalísimo de contratación pública que no debió utilizarse en esas operaciones, por el que se pagó la suma de $ 42.799.317,87, mientras que se denunciaron también $ 1.957.725 de sobreprecio", agregaron.

"Algunas de las maniobras denunciadas, además de el legítimo abono, fueron pago de sumas millonarias por un servicio deficitario, pago de sobreprecios, pago de facturas con precios ajustados pese a que la actualización de los valores fue posterior al período reflejado en el documento, pago de servicios a un valor mayor que el brindado en el mismo período y en iguales condiciones, pago de 49.459 raciones de comida por encima de la cantidad de personas detenidas, entre otras", informaron desde la CPM.

DÍAZ EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. Lo que alarma al organismo emblema de los derechos humanos en la provincia de Buenos Aires es que "desde la nueva designación de Diaz al frente del SPB se resolvió implementar un sistema de viandas similar al denunciado en esta causa federal". Entonces, en base a esto, le pidieron formalmente mediante un escrito a la gobernadora y a Ferrari -ministro de Justicia- que separen del cargo al funcionario, según le confirmaron a este portal. "Queremos también que se realice en forma urgente una auditoría externa sobre la nueva operatoria implementada en la Provincia", exigieron.

"Solo con decisiones políticas contundentes que penalicen y limiten la acción fraudulenta de los funcionarios responsables de administrar las instituciones de encierro en nuestro país se podrá a transformar este efectivo sistema de la crueldad que vulnera sistemáticamente los derechos humanos", reclamó la Comisión, que la semana pasada presentó un nuevo informe que desnuda la cruel realidad en el día a día de las cárceles bonaerenses y las falencias de quienes las dirigen.

No es la primera vez que ese organismo pone la lupa sobre Díaz. Apenas fue designado en su cargo por Vidal, se manifestaron muy preocupados. Tal es así que despidieron el año pasado enviándoles una carta tanto a la gobernadora como a su vice, Daniel Salvador, expresando sus sensaciones por la designación de Díaz. Definieron su nombramiento como "una señal más de la continuidad en la política penitenciaria que está emprendiendo la nueva gestión".

Díaz había pasado de la Nación a la Provincia en la intervención del SPB dispuesta en 2004 por el entonces gobernador Felipe Solá, que puso al mando a Ricardo Héctor Cabrera, quien pronto le dejó el puesto para asumir como juez de ejecución penal de Lomas de Zamora. Se fue en 2009, después de chocar sistemáticamente con el ex ministro de Justicia Ricardo Casal, que lo terminó sacando del cargo.

A fines de agosto de este año, Vidal había presentado, a través de Ferrari, un plan integral de reforma del Servicio Penitenciario donde se fijaban como objetivos, entre otros, erradicar "tormentos, vejaciones y privación de derechos". Como ya había publicado Letra P, el texto de ese proyecto se enumera una serie de medidas que piensa aplicar el gobierno, buscando implementar "acciones que faciliten un adecuado proceso de reinserción de los internos, garantizando que las condiciones carcelarias no agraven la privación de la libertad, protegiendo así también a la sociedad frente al delito al reducir la reincidencia", y tomar "medidas para el fortalecimiento institucional del SPB, que permitan desarrollar y potenciar sus capacidades humanas, técnicas y funcionales, y reforzar sus servicios sociales, de manera que la organización cuente con las herramientas necesarias para cumplir con sus acciones y adaptarse adecuadamente al cambio".

Con esta citación a indagatoria de Díaz, en el marco de la causa que lo involucra como ex funcionario del SPF, los distintos organismos de derechos humanos ponen en duda la concreción de aquel ambicioso propósito anunciado por la gobernadora.