Por eso, respetando uno de los pilares básicos que guían a este medio desde hace 17 años, como es la libertad de expresión y el derecho a informar y ser informados, en esta página se publica una solicitada del Colegio de Abogados de la Provincia, que realiza una enconada defensa del Consejo de la Magistratura y del mecanismo de selección y evaluación de aquellos que se postulan para ser jueces, fiscales o defensores oficiales.

Sería más que deseable que el sistema funcione tal como lo manifiestan desde la entidad colegiada, pero la realidad, que es la única verdad, indica todo lo contrario. Por eso ratificamos todo lo afirmado en cada una de las investigaciones dadas a conocer en las últimas semanas, que fueron elaboradas en base a información precisa, suministrada por destacadas fuentes políticas y judiciales.

El sistema corporativo y las vinculaciones políticas que impera en un área tan sensible al interés común, como es el organismo donde se conforman las ternas y se evalúan a los aspirantes para administrar justicia, lleva a que muchas veces no sean los más capaces los que acceden a los cargos, sino más bien aquellos que tienen algún tipo de padrinazgo o son beneficiarios de acuerdos políticos. En definitiva, muchos de los que realmente están capacitados dentro del Poder Judicial quedan rezagados y son víctimas de los manejos que suelen tejerse entre gallos y medianoche. Esto perjudica terriblemente a la Justicia como institución, y más cuando hay muchos funcionarios idóneos y honestos dentro de ella. Las consecuencias están a la vista: peligrosos delincuentes, asesinos y violadores quedan en libertad por la ineptitud y la ineficacia de magistrados y fiscales elegidos a dedo.

Esta preocupante situación se expuso claramente, reiteradas veces, en las páginas de este diario, que fue el único medio en señalar la incongruencia y la gravedad que significa que el diputado Raúl Pérez, que fue vicepresidente del Consejo de la Magistratura hasta el año pasado (y que sigue integrando el cuerpo en representación del Poder Legislativo), sea una persona que ejerza cierta influencia en el funcionamiento del organismo en cuestión. Se trata de un personaje que durante más de una década arrastró una escandalosa causa por enriquecimiento ilícito, que fue archivada en circunstancias por demás oscuras.

Asimismo, este diario ratifica en todos sus términos el informe publicado sobre el escandaloso fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de La Plata que, con los votos de Gustavo Juan De Santis y Claudia Angélica Matilde Milanta, modificó parcialmente un fallo ejemplar de primera instancia y avaló que la administración que encabeza el intendente Pablo Bruera siga incumpliendo con la jurisprudencia establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el máximo tribunal del país, en cuanto a que los gobiernos no pueden ni deben distribuir la pauta oficial en función de las líneas editoriales de los medios de comunicación.

Por eso, el diario Hoy realizó una presentación ante la Suprema Corte de la Provincia, por cuanto la sentencia dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo es violatoria de los derechos consagrados por la Constitución nacional y sus correlativos de la Constitución bonaerense: derecho de libertad de prensa, de igualdad ante la ley, de propiedad y del debido proceso. A su vez, este medio aportará todos los elementos a su alcance para que se le inicie un jury de enjuiciamiento a los responsables de esta verdadera aberración jurídica.

El fallo de la Cámara fue en la misma dirección de los intereses de un empresario de medios venido a menos que, ante la masividad informativa que implican los 65 mil ejemplares gratuitos que distribuye el diario Hoy, habría ejercido presión sobre los magistrados. Concretamente, el pasado 5 de agosto, el diario El Día, que no por casualidad es el medio más favorecido por el reparto de los fondos publicitarios que realiza el Municipio platense (pese a los escasos 2 mil ejemplares que vende), publicó un artículo que fue lisa y llanamente un apriete contra los magistrados que estaban entendiendo en las causas relacionadas con la publicidad oficial.

Entre otras falacias, el artículo afirmaba que “ante la creciente cantidad de amparos de diverso tipo, que provocan medidas cautelares de la más variada índole que afecta el funcionamiento de los municipios -entre ellos el de La Plata-, se estaría estudiando el accionar de algunos jueces del fuero Contencioso que, según varias opiniones, estarían actuando con arbitrariedad y ligereza. Por ello se ha conformado un grupo encargado de analizar la posibilidad de promocionar denuncias de juicio político”. Sería loable que tanto el Colegio de Abogados como el Colegio de Magistrados también se expidieran sobre este ataque contra la independencia que debería imperar en el Poder Judicial.