El nuevo temblor lo produjo una información errónea según la cual tres de los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación habían votado en contra de la Cámara de Comercio de San Rafael y rechazado el recurso extraordinario que ésta le presentó para apelar el fallo de la Cámara Federal mendocina (de julio) que dejó sin efecto una medida cautelar que mantiene frenado el decreto 699/2010 de Cristina Fernández.

Este decreto es el que prorrogó hasta 2027 los beneficios fiscales para San Juan, La Rioja, Catamarca y San Luis.

Los Andes confirmó en la oficina de información judicial que depende de la Corte Nacional que cinco de sus ministros (Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Carmen Argibay, Eugenio Zaffaroni y Ricardo Lorenzetti) han tenido el expediente en sus manos, pero que como quedan dos sin estudiarlo (Elena Highton de Nolasco y Carlos Fayt) aún queda un tiempo -que podría ser uno o dos meses- para que se fije una audiencia de acuerdo, que es cuando los jueces supremos dictan sus fallos. Incluso, los magistrados podrían pedir audiencias de conciliación para escuchar a las partes antes de definir.

"No hay plazos, pero como es materia tributaria los jueces acostumbran a escuchar a las partes", dijeron las fuentes consultadas.

Como se estima que la Corte seguirá su jurisprudencia y rechazará la continuidad de la medida cautelar -porque lleva casi dos años y se ha "desnaturalizado"- los empresarios sanrafaelinos pusieron el grito en el cielo cuando el estudio jurídico porteño que lleva el expediente en Buenos Aires les informó que los jueces supremos están por votar. "El expediente avanza a pasos agigantados y el Gobierno provincial está perdiendo la posibilidad de llegar a un acuerdo político con la Nación y las provincias vecinas", explicó el titular de la Cámara de Comercio de San Rafael, Pablo Asens.

El escenario es preocupante porque si la Corte desestima el recurso extraordinario y queda vigente la decisión de la Cámara Federal mendocina (que firmó el hoy destituido Otilio Romano) que sostuvo que un grupo de empresarios no tiene legitimidad para demandar a la Nación y que además la promoción industrial no trajo perjuicios para Mendoza, el decreto 699/10 no tendrá impedimentos legales y podría aplicarse de hecho.

Así, en la misma semana de la Fiesta Nacional de la Vendimia, en la cual el gobernador Francisco Pérez será anfitrión de funcionarios nacionales y de los mandatarios de las provincias vecinas, el conflicto por la promoción industrial metió la cola. "No le queremos arruinar la fiesta a nadie, tenemos muy buena relación con el Gobernador y queremos que logre un acuerdo político cuanto antes", aclaró Asens.