La cuestionada licitación de 1.800 viviendas que a principios del año pasado fue noticia en este diario por la fuerte sospecha de que las empresas se habían puesto de acuerdo para repartirse la construcción de los barrios, vino con sorpresas. Las empresas que, al parecer, arreglaron su reparto no se percataron de un grueso error cometido por el área técnica del IPAV que licitó esas viviendas sin incluir en la licitación los artefactos de gas.
Peor el remedio.
La solución que el manual del buen administrador aconsejaba era reconocer el error y llamar a una nueva licitación para la colocación de esos artefactos. Pero el IPAV creyó que podía ocultar su error y hacer como que nada hubiera pasado. La solución que las "mentes brillantes" del organismo encontraron fue acordar con la Cámara de la Construcción un arreglo por el cual las empresas resignarían una parte de la ganancia y colocarían esos artefactos sin decir una palabra.
A cambio de ese silencio seguirían contando con la "buena voluntad" del organismo en la adjudicación de futuras obras. Después de todo, el IPAV había hecho las vista gorda ante las evidencias de que las empresas parecían haberse puesto de acuerdo para arreglar las ofertas. Se suponía que nadie protestaría.
Pero, como suele suceder, no todos estuvieron de acuerdo en hacerlo de ese modo. Hubo empresas que se negaron de plano a colocar los artefactos pues, razonaron con una impecable lógica, no estaba en el contrato. Hubo otras empresas que le pidieron al IPAV que se los provea y ellos la colocarían. El IPAV habría comprado entonces cientos de artefactos que entregó -¿irregularmente?- a las empresas y éstas lo colocaron. Hubo por último un tercer grupo de empresas que acordaron con el IPAV que se repartirían el costo del error y pondrían $1.500 cada parte -$1.500 la empresa y $1.500 el IPAV- para que las casas pudieran ser entregadas con los artefactos de gas instalados como corresponde. Para hacer esta operación de dudosa práctica administrativa, el IPAV habría aconsejado a las firmas constructoras "inflar" los nexos de las obras y sacar de allí el dinero. Pero en muchos casos ni aún inflando los nexos las empresas lograban alcanzar el monto comprometido por los funcionarios del IPAV para pagar su parte de los artefactos que no se licitaron.
Lo cierto es que hoy el IPAV se enfrenta a un grave escándalo pues no hay forma razonable de explicar -dentro de la sana administración de la cosa pública- lo que se está haciendo.
Comentá la nota