La medida no fue interpretada como una “necesidad de caja” vinculada al pago inmediato de las retenciones sino que fue leída como un aleccionamiento para que se pongan al día con los tributos.

Desde el lunes, varias empresas se encontraron con que habían perdido la ventaja de diferir el pago de derechos de exportación, que pueden retrasarse entre quince y ciento veinte días después del embarque o la salida terrestre del territorio, según el producto que se esté vendiendo.

De esta forma, los despachantes de Aduana se encontraron con que el Sistema MARIA les exigía el pago antes de que los bienes salieran del país, lo que a los exportadores que tenían embarques previstos para estos días les generó “un problema financiero”. Para poder embarcar, muchos tuvieron que presentar una garantía bancaria –instrumento que no abunda en el mercado–. Los que cuentan con más espalda financiera recurrieron al pago en efectivo.

No obstante, los empresarios se reconocieron sin margen para la queja en el caso de los que estaban en deuda. Lo que marcaron, no obstante, fue el “poco preaviso” de la AFIP. Según los despachantes, en algunos casos el Sistema MARIA arrojó la semana pasada una advertencia de que había pagos incumplidos, tanto con la DGI como dentro de los aportes previsionales.

“El derecho de exportación se produce cuando la mercadería abandona el país”, explicó el especialista en comercio exterior Carlos Clément.

La declaración jurada de exportación es la garantía para diferir el pago de retenciones. La reglamentación habilita a la AFIP a bloquear el uso de este beneficio en función del comportamiento de los exportadores. Por eso no hubo más aviso que un mensaje a través del kit MARIA la semana pasada.

Despachantes y exportadores se reunieron, después de enviar notas a sus asociados y a la Aduana, con funcionarios que anticiparon que entre hoy y mañana habrá precisiones sobre la diferenciación entre exportadores.

Los que se pongan al día recuperarían los beneficios perdidos.

“Algunos exportadores tienen pequeños incumplimientos o pagaron, pero fuera de término”, explicó Clément. “El Estado se puso a controlar para que todos estén al día. Algunos despachantes recibieron la semana anterior un mensaje con la información de que se detectaban demoras en el pago impositivo o previsional”, relató el especialista.

Las exportaciones pagan derechos según el producto. En el caso de la soja, alcanza el 35%; del 30% para el trigo, mientras que para los productos terminados llega a 5%, y en el caso del ajo representa el 10 por ciento.

La mayoría de las empresas cuentan con un plazo de ciento veinte días para pagar las retenciones, mientras que en el caso de las grandes exportadoras, con ventas por más de u$s120 millones, tienen que pagar dentro de los quince días. Las exportaciones de granos, por su parte, deben liquidar las divisas dentro de los sesenta días.

La eliminación de la ventaja “Dejuauto” –según el nombre que lleva en el MARIA– ya regía para aceiteras y otras grandes empresas. Pero desde el lunes la Aduana pasó a un sistema automático de suspensión de los beneficios. Los sistemas del organismo a cargo de Siomara Ayerán están conectados con la AFIP que comanda Ricardo Echegaray, por lo que el cruce de información puede realizarse en tiempo real.

La recomendación a los exportadores fue “regularizar de forma inmediata su situación”. De todos modos, la decisión de conceder el beneficio es discrecional. La Aduana puede mantener la restricción “si considera que los antecedentes del exportador no son lo suficientemente alentadores. Por eso sugerimos mantener una conducta intachable”, evaluó Clément.

El sistema de importaciones, bajo la lupa

La junta directiva de la Unión Industrial Argentina (UIA) puso bajo “monitoreo” el nuevo sistema de declaración jurada anticipada de importación del Gobierno, que entra en los días clave para determinar si funciona o genera retrasos o inhabilitaciones para traer productos del exterior.

Hoy se cumplen quince días de la entrada en vigencia del sistema y de las primeras aprobaciones por parte de la AFIP, que luego giró el análisis a la Secretaría de Comercio Interior a cargo de Guillermo Moreno. El resultado definitivo se conocerá el 18, cuando se cumplan los tres días máximos de la AFIP y los quince corridos de Moreno para analizar las declaraciones.

Por eso la central fabril decidió “monitorear la evolución del nuevo régimen puesto en práctica hace sólo catorce días”, según un comunicado difundido ayer. El presidente del comité ejecutivo, José Ignacio de Mendiguren, volvió a destacar “la relación directa que existe entre el nivel de actividad industrial y las importaciones”.

En el caso de las importaciones de bienes industriales, las aprobaciones fueron rápidas, según indicaron en el Gobierno. Por otra parte, las pymes dieron cuenta de que las compras más chicas se liberaron con mayor rapidez. Para el presidente de la Cámara de Importadores, Diego Pérez Santisteban, los controles recayeron sobre las compras de mayores montos. También los industriales brasileños indicaron que esperarán hasta fin de mes para emitir su veredicto sobre el sistema de control.