MADRID.- El presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, ya no sólo debe enfrentar los crecientes pedidos de renuncia por parte de la oposición. Ayer, la cada vez más instalada idea de convocar a elecciones generales en forma anticipada se escuchó, también, en la primera fila de la dirigencia de su propia fuerza política, el gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE), donde aún se sienten los efectos de la dura derrota por casi 10 puntos de diferencia en los comicios locales del 22 de mayo pasado.

"Si la situación va a seguir siendo así de extraordinariamente complicada, tal vez adelantar las elecciones sea conveniente", señaló el aún presidente de la comunidad autónoma de Castilla La Mancha, José María Barreda, dirigente de un distrito que hasta el mes pasado era considerado un histórico bastión del socialismo, pero que en las urnas le fue arrebatado al oficialismo por el opositor Partido Popular (PP).

Barreda, además, admitió que su opinión es compartida por otros líderes partidarios, quienes analizan la posibilidad de adelantar las elecciones a fines de noviembre, con el fin de detener el intenso desgaste sufrido por el PSOE como consecuencia de la maltrecha economía, hoy en un virtual estancamiento y con casi cinco millones de desocupados.

"La posibilidad de adelantar las elecciones siempre ha sido posible y ahora es probable", insistió el político oficialista, que forma parte del núcleo de los 60 "barones" que deciden el destino de su partido.

Tanto Barreda como los que evalúan adelantar las elecciones dentro del PSOE pretenden, como objetivo central, "reducir" el margen de diferencia de una eventual derrota del gobierno ante el PP, que de acuerdo con las encuestas de opinión realizadas tras las últimas elecciones comunales y municipales hoy se impondría por más de 13 puntos.

Sin embargo, de realizarse los comicios en marzo, como prevé el plazo constitucional, el deterioro del escenario económico y de la imagen del PSOE podría ser, según temen en las filas oficialistas, incluso peor.

En la misma línea, el ministro de Trabajo y hombre de mayor confianza de Rodríguez Zapatero, Valeriano Gómez, también se sumó a las especulaciones sobre la "conveniencia" de adelantar las elecciones para antes de fin de año. "Para entonces, el desempleo habrá bajado, y se empezarán a percibir los efectos de nuestras reformas", dijo el funcionario en una entrevista radial, a pesar de que poco después se manifestó "partidario" de mantener los plazos previstos originalmente.

Sin embargo, por la tarde, la ratificación del propósito del presidente de "agotar" su mandato en marzo llegó desde las más encumbradas autoridades socialistas. "El objetivo del gobierno es celebrar las elecciones generales en la primavera de 2012", dijo el secretario de organización del PSOE, Marcelino Iglesias, que además afirmó que esos términos "han sido apoyados ampliamente" por la mayoría de los dirigentes de su partido. "Nadie entendería que en un momento en el que hay que tomar decisiones muy importantes, el gobierno se aboque a convocar a elecciones", agregó, en sintonía con sus compañeros de fuerza política que rechazan el adelanto electoral y creen que la reactivación de la economía puede iniciarse en el tramo final del mandato de Zapatero.

Crisis institucional

Pero la crisis política e institucional no se limitó ayer al debate por el adelantamiento de las elecciones. En el Poder Judicial, la falta de cumplimiento de acuerdos programados entre el PSOE y el PP llevó a tres jueces del Tribunal Constitucional a presentar sus renuncias. La decisión de los magistrados, inédita en la historia de la España democrática, fue desencadenada por la falta de acuerdo de los dos partidos mayoritarios en el Congreso para designar a sus sucesores, algo que debió haber ocurrido el 6 de noviembre pasado.

Con sus mandatos ya expirados desde aquella fecha, el vicepresidente del tribunal, Eugeni Gay, y los jueces Elisa Pérez Vera y Javier Delgado resolvieron renunciar al cuerpo y dejar al tribunal mayor con sólo ocho magistrados, el mínimo indispensable para mantenerse operativo. No obstante, las renuncias fueron rechazadas por el presidente de ese organismo, Pascual Sala, que les exigió a los jueces que permanezcan en sus puestos para asegurar "la continuidad y la estabilidad" de un tribunal que funciona como "supremo intérprete" de la Constitución española.

GARZÓN RECUSÓ A CINCO JUECES

MADRID (EFE).- El Tribunal Supremo aceptó ayer la recusación planteada por el juez Baltasar Garzón de cinco de los siete magistrados designados para juzgarlo por declararse competente para investigar crímenes del franquismo. Es la primera vez que se separa a tantos jueces de un proceso legal.