En el marco de la audiencia convocada por las comisiones de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, y la de Derechos y Garantías de la Cámara alta, senadores de distintos bloques analizaron dos de los proyectos presentados que plantean declarar servicio público a la telefonía móvil. De avanzar la iniciativa, el Estado pasaría a tener injerencia en la regulación de la prestación, que en la actualidad es manejada de forma arbitraria por las cuatro empresas que se desenvuelven en el sector.

De la reunión participaron senadores y asociaciones de defensa del consumidor, pero ninguna de las compañías prestadoras del servicio se hicieron presentes en la cita. “Desde hace muchísimos años venimos bregando para que sea un servicio público. En ese caso, las tarifas

no pueden ser modificadas unilateralmente, sino que tienen que ser sometidas a la discusión de una audiencia pública. Las tarifas tienen que ser razonables, tanto para la empresa como para el usuario”, indicó a Hoy Héctor Polino, presidente de Consumidores Libres, quien fue uno de los representantes de las asociaciones que tomó la voz en el encuentro de ayer.

Según Polino, al no haber “una ley que establezca un marco regulatorio de la actividad”, las empresas de telefonía celular obtienen “ganancias que son escandalosas” y los argentinos terminamos “pagando las tarifas más caras del mundo”.

Las empresas y el Gobierno

La Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (Adduc) fue otra de las que se sumó al reclamo y cuestionó el rol de las empresas de telefonía celular en las distintas negociaciones que se llevaron a cabo. “ (Hace más de un año) hubo una reunión en el Ministerio de Infraestructura, donde vinieron los presidentes de Telefónica, Telecom, y todas las empresas. Cuando se les hablaba de la regulación de la telefonía móvil, las empresas dijeron que se iban del país, a lo que las asociaciones les respondimos que se vayan”, señaló el presidente de Adduc, Osvaldo Bassano.

Según estimaciones de las asociaciones de consumidores, el negocio de la telefonía se divide en tercios: la empresa mexicana Claro tiene el 35,2% del mercado doméstico, mientras que Movistar posee un 31,7% y Personal, un 30,9%, contabilizando que estas últimas responden a empresas fusionadas (ver recuadro). Asimismo, la incidencia de Nextel es mínima, con un 2,2% del total.

“El Gobierno nacional con estas

empresas no tomó ninguna medida, ha dejado que actuaran con la mayor libertad”, agregó Polino, quien destacó que “nunca se ha constituido un ente regulador independiente, integrado por personas idóneas del oficialismo y la oposición”. Cabe recordar que años atrás el Gobierno nacional dio lugar a la fusión de Telefónica (Movistar) y Telecom (Personal), lo cual permitió acrecentar el mapa monopólico del mercado.

Anunciaron aumentos en la tarifa

Ante la posibilidad de que se declare servicio público a la telefonía celular, las empresas decidieron en las últimas horas impulsar un nuevo incremento de los precios.

Cabe recordar que la mayoría de las prestadoras habían aplicado un tarifazo en el mes de marzo. Según trascendió, Personal (Telecom) tendría decidido un incremento promedio del 10% a partir del 25 de noviembre.

Dicho aumento se suma a los realizados en marzo, cuando la compañía elevó hasta un 15% la cotización de algunos planes. De forma similar, Movistar (Telefónica) avanzaría sobre un ajuste del 15% en las llamadas y 9% en el precio de los abonos (al igual que en marzo).

Por último, la empresa Claro, del multimillonario mexicano Carlos Slim, eligió octubre para definir aumentos en los mensajes de texto.

Cómo podría afectar la aprobación de los proyectos

De avanzar las iniciativa en el Congreso, la situación de la prestación se modificaría sustancialmente, más allá de la regulación del cuadro tarifario.

Uno de los puntos que las asociaciones de defensa del consumidor vienen impulsando hace varios años es la aplicación de la portabilidad numérica, propuesta que permitiría al usuario utilizar el mismo número telefónico en caso de cambiarse de compañía.

Por otra parte, la idea es que también se puedan modificar otros aspectos del servicio,

como la restructuración de los planes con tarjeta y sin tarjeta y la regulación del precio por minuto.

“La atención telefónica violenta el derecho de consumidor. También existen irregularidades muy fuertes en la facturación.

A su vez, hay una serie de regulaciones de carácter técnico (señales, equipos, instalación de antena), por lo que sería muy importante que se transforme esta telefonía en un servicio público”, aseguró Osvaldo Bassano de Adduc.

Por último, una de las problemáticas que vienen afectando al sector es el abandono por parte de los clientes del servicio de telefonía fijo por el móvil. “Más de 500 mil usuarios han abandonando el servicio fijo para pasarse al de la telefonía celular. En el fondo, una empresa tiene más valor que los derechos de los usuarios”, concluyó Bassano.