Los números que maneja el Gobierno provincial indican que si el Estado provincial decidiera equiparar el pago de las actuales asignaciones familiares de los empleados públicos mendocinos (hasta 100 pesos por hijo) tendría que desembolsar 65 millones de pesos más por año si se las llevara al nivel actual de la Nación (hasta 180 pesos) y 90 millones anuales si se los llevara al nivel anunciado por la Casa Rosada desde el 1 de setiembre (hasta 220 pesos).

Con estos números, desde el Ejecutivo mendocino responden la creciente presión de los gremios estatales, sobre todo tras el anuncio presidencial.

“No hay forma de que la Provincia pueda hoy pagar igual que la Nación”, aseguran en el cuarto piso de la Casa de Gobierno. Allí los cálculos contemplan un escalón menor de eventual actualización aún sin fecha de aplicación, ubicado a mitad de camino entre las asignaciones familiares actuales de la Provincia y la Nación (140 pesos) que insumiría un costo salarial adicional de 32 millones de pesos por año.

El último aumento de la asignación familiar por hijo en la provincia lo dispuso el ex gobernador Julio Cobos en setiembre de 2007 -a dos meses de los comicios- mediante una equiparación con la Nación, que las había subido días antes y que llevó los valores de la asignación por hijo de 60 a 100 pesos. Esta decisión -en su momento- significó un costo anual de 40 millones para el Estado mendocino y uno cuatrimestral de 13 millones para la saliente administración de Cobos.

Si bien hace tres años la asignación por hijo estaba equiparada entre la Provincia y la Nación, ésta fue disponiendo incrementos que no fueron acompañados por Mendoza. Por lo tanto, en setiembre el importe nacional será 120 por ciento superior al provincial.

En los últimos tiempos, en el gobierno provincial funcionarios del rango de ministros (como Mario Adaro, de Gobierno; Adrián Cerroni de Hacienda o Alejandro Cazabán, secretario general de la Gobernación) han venido descartando de plano la posibilidad de una eventual reapertura de la discusión salarial, con la vista puesta en una aplicación durante el segundo semestre de este año. Pero nunca han descartado la posibilidad de una actualización de las asignaciones familiares y hasta la han admitido para “el momento que lo permitan los ingresos fiscales”.

Uno por uno

En el ámbito gremial, viene creciendo la efervescencia de ATE y Ampros, en el sector de la Salud y Desarrollo Social; Judiciales, en Tribunales, y Sitea, en la administración central. En todos los casos, los reclamos son diversos y propios del sector, aunque todos confluyen en la necesidad de ajustar salarios y actualizar las retrasadas asignaciones familiares.

Ayer se volvieron a escuchar bombos y redoblantes en el interior de la Casa de Gobierno, cuando un grupo de dirigentes de la Dinaf nucleados en ATE se instaló en el quinto piso de la Casa de Gobierno. Reclamaron recategorización y pase a planta permanente de operadores y empleados y “cumplimiento de las actas paritarias”, por lo que acordaron con el ministro de Desarrollo Humano, Carlos Ciurca, una reunión en la Subsecretaría de Trabajo.

En tanto el ministro de Salud, Juan Carlos Behler, el lunes deberá estar cubriendo tres vacantes con personal médico en Costa de Araujo donde estalló el reclamo que derivó en que manifestantes de ATE y Tupac Amaru ocuparan el Concejo Deliberante lavallino. El gremio estatal promete para la próxima semana un documento donde detalla “las deficiencias de 14 centros de salud de la provincia”.

En el área de Salud hace dos semanas se vienen reiterando las denuncias sobre carencias de insumos y problemas de funcionamiento que suelen aparecer en momentos de desinteligencias salariales entre los gremios del sector y el ministerio. Ampros (el sindicato de profesionales médicos) ya considera “fracasadas” las negociaciones en el seno de la comisión negociadora del convenio del sector y espera que la Subsecretaría de Trabajo deje en libertad a las partes.

En el Gobierno se considera “de cumplimiento imposible” la totalidad del convenio firmado entre Ampros y la anterior administración de Cobos, y el tema de la aplicación viene arrastrando desaveniencias desde hace tres años.

Por su parte, en Tribunales, el gremio Judicial manifiesta su malestar por lo que considera “aumentos selectivos al margen del acuerdo paritario”. Es que con el mes de junio un entendimiento entre la Suprema Corte y el Ejecutivo permitió el pago de una suba remunerativa no bonificable adicional de 300 pesos destinado al nivel de funcionarios (categorías uno a siete desde el secretario de la Corte al de un juzgado de primera instancia).

“Lo que se ha buscado es preservar el mérito como base de la carrera judicial, y todo lo relacionado con ello está expresamente excluido de la paritaria”, manifestó el presidente de la Suprema Corte, Alejandro Pérez Hualde. “El martes daremos una conferencia de prensa para anunciar nuestra respuesta”, adelantó el titular del sindicato, Carlos Ordóñez.

Finalmente Sitea (los estatales autoconvocados que dirige Víctor Dagfal) comenzaron esta semana asambleas en la Dirección General de Rentas, en reclamo del pago de adicionales.