Después de un mes de tenerlo entre manos, los senadores ratificaron el acta acuerdo para el emprendimiento minero Potasio Río Colorado, que había sido aprobado en Diputados el 6 de julio. En un marco mucho más tranquilo y con un apoyo prácticamente unánime -sólo hubo cuatro votos en contra- los legisladores le dieron luz verde al decreto enviado por el Ejecutivo.

La decisión fue seguida de cerca por los sectores empresarios y sindicales afines, que desde hace tiempo solicitaban una resolución sobre el tema.

El aval legislativo permitiría que la empresa Vale, que explotará el yacimiento de sales de potasio en el sur de Malargüe, se vea en el compromiso de contratar firmas y trabajadores mendocinos.

Las obras de infraestructura para comenzar la explotación demandarán dos años y una gran cantidad de recursos. En esta etapa, se calcula que se generarán más de 2000 puestos de trabajo, mientras que cuando la mina esté funcionando habrían unos 500 empleos directos con salarios relativamente altos.

Más allá de que los senadores de la oposición consideran que podría haberse logrado un acuerdo mejor, y que adelantaron que seguirán peleando para que la jurisdicción de la línea eléctrica que se construirá quede en manos de la Provincia y no de la Nación, expresaron la importancia que -desde el punto de vista económico- significa la concreción de este proyecto.

Es que el cierre del aval legislativo, abre la puerta a los empresarios para pedirle a los responsables de Potasio que cumplan con su parte del trato. Debido a que la evaluación de impacto ambiental está atada al acta acuerdo, ellos dicen que podrán convertirse en sujetos de control del compromiso firmado y respaldado por los partidos con representación parlamentaria.

"Nosotros nos vamos a encargar de que se cumpla el acuerdo", afirmó Julio Totero, miembro de la Asociación de Empresarios Rodríguez Peña (Aderpe).

El Estado -a través de la Secretaría de Ambiente- será el encargado de observar que la empresa cumpla con los requisitos del acuerdo, como es el caso del "compre mendocino", la contratación de mano de obra local, el depósito del fondo de anticipo por el 1% de regalías (además del 3% exigido por ley), que suma 12 millones de dólares, y la realización de obras que no sean en puro beneficio de la empresa.

Sin embargo, tanto legisladores como empresarios advirtieron sobre la importancia de que sea la misma sociedad y sus empresas las que evalúen si el acuerdo se cumple para, de lo contrario, hacer las denuncias correspondientes. "Esta ratificación nos da un elemento para obligar a la empresa a que cumpla con su compromiso", aseguró Totero.

En consonancia con él, Roberto Zenobi, presidente de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (Camem), comentó que el aval legislativo es importante debido a que ya se están realizando algunas contrataciones para obras y movimientos de suelo, y no quieren que las empresas de Mendoza se queden afuera.

Para el senador radical, Sergio Moralejo, la importancia de abrir la puerta a un proyecto minero que no contamina servirá para abrir el corset de la economía mendocina. "Es falso el dilema entre minería sí o no. En cambio, hay que plantearse la contaminación como punto de discusión", expresó el legislador -también presidente de la comisión de Economía.

Además, agregó que fortalecer el sector de minas y canteras servirá no sólo para hacer crecer el Producto Bruto Geográfico -estancado desde hace diez años-, sino también para desarrollar la provincia que en la actualidad depende, en buena parte, de la fluctuante área comercial y turística.

En tanto, los senadores Miguel Serralta (PJ) y Carlos Aguinaga (PD) coincidieron en que la dilación de la ratificación legislativa sólo iba en perjuicio de los ciudadanos y favorecía a la empresa. En especial porque -después de que se publique el decreto en el boletín oficial- debería abrirse una cuenta para que la empresa otorgue el adelanto de regalías o fondo compensatorio que corresponde a los períodos 2009 y 2010.

"El proyecto ya se está construyendo y nosotros no podíamos recibir el dinero del fondo estímulo sobre la facturación de la empresa", precisó Serralta mientras que Aguinaga argumentó que no tenía sentido no aprobar un proyecto que generará riqueza y que ya se está llevando adelante.

En tanto, hubo cuatro senadores que se opusieron a la ratificación del acuerdo. Tres de ellos oriundos de General Alvear, un departamento que ha levantado bandera en contra de la minería. Se trató de los justicialistas Néstor Otero y Sergio Vendramín y el radical Walter Sáenz. Alejandra Naman, de la Coalición Cívica ARI, tampoco levantó la mano para aprobar el trato entre Vale y el Ejecutivo.

"No estoy de acuerdo con declarar a esta obra como de interés provincial y todavía no está definida la factibilidad para el uso del gas, que será de un millón de metros cúbicos por día", comentó la senadora quien aclaró que no está en contra de una minería sustentable, pero que el proyecto le genera varias dudas. Sobre todo, relacionadas con el tema ambiental.