Madrugada del martes. Un sujeto llama la atención de los vecinos. Está en un domicilio de calle Agustín Álvarez de Ciudad. Entra a la vivienda tras forzar una reja de una ventana, sale sin llevarse nada. Pero la casa no es de cualquier ciudadano, es la de un juez, y no de cualquiera, sino del presidente del Tribunal Oral federal 2, el mismo que está llevando adelante el primer juicio por delitos de lesa humanidad en la provincia. La intimidación al magistrado Roberto Burad, además, no es la primera que ocurre durante el debate, ya que, como él mismo recordó, también hubo ataques contra la periodista de LV4 Patricia Coria y contra la militante sanrafaelina de Derechos Humanos Alicia Morales.

AMENAZAS. El ataque contra la casa de Burad, ubicada en la Quinta Sección, ocurrió en la madrugada del martes, mientras él se encontraba en San Rafael y su mujer dormía en su casa. Fue el mismo Burad quien lo dio a conocer ayer al comienzo de la jornada del juicio, que finalizaría con el pedido de sentencia de la fiscalía contra los acusados de las desapariciones de cuatro personas durante la dictadura (ver aparte). Allí, Burad, escoltado por los jueces Héctor Cortés y Roberto Naciff afirmó, ante los asistentes al debate, las partes y los acusados: “Durante toda mi vida caminé con la frente alta, si es una advertencia, yo tengo otra, a pecho descubierto di mi vida por la justicia y no me importaría perderla por la misma causa”. Según explicó Burad, en diálogo con El Sol, el delincuente que estuvo en su casa y revisó parte de ella ingresó tras desatornillar la reja de una ventana, tomándose todo el tiempo que esa tarea implica.

Una vez que estuvo dentro, dedicó algunos minutos para dejar claro que había estado allí, mediante señales en uno de los sillones y una puerta de un mueble. Según el magistrado, fueron los vecinos quienes alertaron de la situación a la policía, ya que su mujer dormía y no se enteró de la visita nocturna del delincuente. Una vez que llegaron los efectivos, estos golpearon en numerosas ocasiones la puerta de la casa y, como nadie atendía, ingresaron por la misma ventana por donde había ingresado y salido minutos antes el delincuente. Burad, quien aseguró que nadie de su familia se vio afectado, salvo por la impresión causada por “la visita”, también se encargó de señalar que no robó nada de su vivienda y especificó que pidió custodia de la Policía Federal, protección que se hizo efectiva a partir de ayer.

Asimismo, adelantó que la Justicia seguramente pedirá ayuda al Consulado español, ya que este se encuentra al lado de la casa del magistrado y podría poseer filmaciones en las que se vea a la persona que ingresó en la casa. El magistrado también explicó que lo ocurrido puede ser un caso de delito común, no obstante, no pudo evitar relacionarlo con el juicio por delitos de lesa humanidad que tiene lugar en San Rafael y que es llevado adelante por el tribunal que él preside. Sin embargo, señaló: “Los que elegimos el camino de la Justicia conocemos el riesgo”.

La fiscalía solicitó prisión perpetua para tres acusados

Primero fue la querella, ayer fue el turno del ministerio público. Los fiscales Dante Vega y Francisco Maldonado pidieron prisión perpetua para tres de los acusados y seis años para el cuarto imputado. Con aplausos sobre el final y un grito del hijo de un desaparecido, que exclamó: “Rompan el pacto de silencio y digan dónde están los cuerpos”, cerró otra jornada del primer juicio por delitos de lesa humanidad en la provincia, que continuará el lunes con los alegatos de los abogados defensores. Tras dos días de argumentos, primero Vega y luego Maldonado, la fiscalía cerró su participación y quedó a la espera de que llegue finalmente el día de la sentencia. Ambos letrados pidieron en contra del ex teniente Aníbal Guevara y de los ex policías Raúl Ruiz Soppe y Juan Labarta la condena de prisión perpetua. Tanto Guevara como Labarta están acusados de homicidio agravado, privación ilegítima de la libertad, torturas y asociación ilícita en las desapariciones de Francisco Tripiana, Roberto Osorio, Pascual Sandoval y José Guillermo Berón. En el caso de Ruiz Soppe, quien se desempeñó durante los primeros meses de la dictadura en el cargo de jefe de la Unidad Regional II, se encuentra acusado de los mismos delitos en las mismas causas, a excepción del caso Berón, ya que, cuando este fue secuestrado y desaparecido, Ruiz Soppe ya no se encontraba en el cargo. Por último, para el cuarto acusado, el ex abogado policial Raúl Egea Bernal, la fiscalía pidió seis años de prisión más la inhabilitación absoluta mientras dure su condena. Durante su alegato, la fiscalía consideró que Guevara, Ruiz Soppe y Labarta “formaron parte de una organización que atacó a las personas que debía cobijar”. El pedido de condena de la fiscalía es similar al que hicieron los abogados querellantes, sólo difiere en la sentencia solicitada para Egea, ya que en dicho caso habían pedido doce años de prisión. El lunes comenzarán los alegatos de los abogados defensores, que cerrarán el miércoles de la semana que viene. Se presume que la sentencia será dictada el 8 de noviembre.