La llamativa contratación fue admitida por el propio Rojas en un breve contacto con este diario. "Miramos la parte legal y no es incompatible porque el Estado municipal no tiene nada que ver con el Estado provincial", indicó escuetamente el funcionario.

El contrato de inspección entre el municipio y el funcionario fue firmado en diciembre de 2008 (no dice el día) a través de la resolución 776 que suscribieron Bravo y el secretario de Gobierno y Asuntos Sociales, Miguel Angel Soler. Durante la ejecución del mismo Rojas ya había asumido como presidente del EPRC en reemplazo de Ricardo Rafael Jouli.

Bravo, en los considerandos de la resolución, señaló que de acuerdo a la Ley Provincial de Contabilidad Nº 3 hay "excepciones a los procesos de adquisiciones o locaciones, y autoriza contrataciones en forma directa cuando la circunstancia distintiva es que el valor de esa contratación la fija el Estado mismo".

Con relación a Rojas, que se domicilia en 25 de Mayo, indicó que "se ha privilegiado" su contratación por ser "un profesional de dilatada trayectoria e idoneidad comprobada" y porque "goza de un fuerte reconocimiento por parte de los habitantes de esta localidades (...), en definitiva un verdadero controlador de la calidad de ejecución de la obra por parte de la empresa adjudicataria".

Por ello resolvió designar como inspector de la obra "a la empresa EYP Ingeniería, representada en este acto por el ingeniero Carlos Daniel Rojas". En realidad la resolución contiene un error porque el segundo nombre de Rojas es Miguel y así figura en el contrato de inspección.

Por la inspección de las 150 cuadras de asfalto, el actual presidente del Ente Provincial del Río Colorado -antes ocupó la gerencia general del organismo- acordó cobrar 244.613,79 pesos, monto equivalente al 1,5 por ciento del monto del contrato de la obra pública. El plazo de ejecución de las tareas se estipuló en 360 días corridos.

Más allá de las palabras de Rojas, el interrogante sigue abierto: ¿fue compatible o no la contratación con sus funciones en el Ente? Dos fuentes oficiales consultadas, vinculadas a asesorías letradas, convinieron que no existen normativas específicas sobre las incompatibilidades para los funcionarios de organismos descentralizados y/o autárquicos, agregando que "se trata de un caso muy puntual".

Un repaso por la Ley de Ministerios, aplicable a los funcionarios, no ofrece indicios sobre la cuestión. Y, además, no existe en la provincia, como así ocurre a nivel nacional, una Ley de Etica Pública.

"No tiene sentido"

Rojas dijo que no quiere entrar en polémicas con el candidato a intendente del radicalismo en 25 de Mayo, Roque Onofri, luego de que éste afirmara que las tierras para riego de la Sección II, recientemente inaugurada, se destinarían a grandes grupos económicos -incluso a capitales chinos- y no a pequeños y medianos inversores. "No quiero opinar. Eso que dijo Onofri no tiene sentido, él sabrá porqué lo dijo. Cuando quiera puedo explicar qué está resolviendo hacer el Estado con esas tierras", expresó el presidente del EPRC.

Cuando se le pidieron más precisiones sobre los proyectos del gobierno provincial, el funcionario dijo que estaba en Casa de Piedra, "en medio del campo", y que recién hablaría hoy, ya que por cuestiones de su cargo debe viajar a Santa Rosa.