En diálogo con DEMOCRACIA, el doctor Avalle se refirió a los temas que preocupan y ocupan al Colegio de Abogados en estos tiempos, algunos en tratamiento a nivel nacional y provincial, como es la reforma al Código Civil. “Más que una reforma, prácticamente es una sustitución. Es un código absolutamente nuevo, no es que se modifican algunos artículos”, manifestó el entrevistado.

Tras aclarar que en la propuesta del nuevo código, se unificarían el Civil y Comercial, dijo: “No vemos la razón del apuro del Ejecutivo Nacional, para la sanción del Código, porque si tomamos nota de que data de 1867 ó 1869, es decir, se ha tardado 150 años para modificarlo, me parece que darle 90 días a la comisión bicameral para receptar objeciones, o modificaciones al texto proyectado, es muy poco tiempo. Me parece que debería extenderse un poco más el plazo y que todas las partes involucradas pudieran dar su opinión”, señaló.

“Los organismos colegiados no fuimos consultados para hacer el proyecto, sino que nos dieron el proyecto terminado, y de alguna manera, les guste o no, somos siempre los primeros intérpretes de este tipo de normas, porque se trata de normas civiles que afectan a todos los ciudadanos, y cuando ocurre algún problema, al primero que acude el ciudadano común es al abogado, quien interpreta y trata de aplicar la norma al caso concreto”, dijo.

Ante la acotación de que seguramente al proyecto del nuevo código lo hicieron abogados, dijo: “Hubo una comisión que encabezaron tres integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero el derecho no es una ciencia exacta y da para ciertas discusiones. Usted ve que hay objeciones de parte de la Iglesia y de otros actores, hay un montón de normas que se pueden modificar, de temas de familia, como divorcio, posibilidad de alquiler de vientres y demás, teniendo en cuenta que esta norma va a regir por muchos años”.

Respecto a si se estaba gestando una especie de revolución del derecho en materia civil, el doctor Avalle mencionó a la audiencia pública de la comisión bicameral, donde se expresan los puntos que a juicio de los abogados colegiados, requerirían algún otro tratamiento de la comisión redactora.

“Partimos de la idea que no estamos en desacuerdo con modificar el Código, todo lo contrario, estamos convencidos de que esto es un proceso que viene arrastrándose desde hace aproximadamente 20 años. Estamos hablando de modificar el Código y unificarlo al de Comercio. Si tardamos más de 150 años en cambiarlo, no vemos el apuro de hacerlo en tres o cuatro meses”, reiteró.

“Y sobre las audiencias públicas, hablan de hacerlas en todas las provincias y eso sería muy interesante, porque permitiría a muchos actores dar su opinión. Creo que es positivo que todas esas opiniones se recepten y si da para hacer modificaciones al proyecto, se puedan hacer”, señaló.

En cuanto al planteo de que más allá de las opiniones a favor o en contra que hubiera, el asunto tendría que resolverse de acuerdo a la decisión de la mayoría, el doctor Avalle expresó: “Exactamente. Y también se podría tratar de convencer al resto con razones jurídicas, porque esto tiene que ver con lo jurídico y de que quizá alguna de las normas proyectadas podría mejorarse”

“Apoyamos abiertamente la reforma con algunas objeciones que estamos haciendo, incluso, en algunos casos, planteamos que algunos puntos del proyecto tenderían a encarecer algunos procesos para el ciudadano común. Y nosotros creemos que hoy en día lo que deberíamos buscar es la forma de abaratar costos cuando se pueda hacer. Por ejemplo, al contrato prenupcial, la ley proyectada obliga a hacerlo por escritura pública y no habla nada del patrocinio jurídico obligatorio, con lo cual se encarece un tema que tranquilamente podría ser resuelto con un acuerdo de partes, con patrocinio jurídico en cada uno de ellos y después homologado por un juez, incluso podríamos contar con un actuante imparcial como es el juez, que le preste la conformidad a través de la homologación judicial. Este es un aspecto que, como yo decía, puede mejorarse”, señaló el doctor Avalle.

Los paros judiciales

El entrevistado también se refirió a la problemática ocasionada por la sucesión de paros de trabajadores judiciales y la posibilidad de resolver o paliar el conflicto, que mantiene en vilo a la Justicia bonaerense.

“A nivel provincial estamos bregando para que no se repita lo que sucedió a comienzos de este año, y que a futuro tengamos las herramientas jurídicas para evitar la suspensión del servicio esencial de Justicia. No nos podemos oponer a los paros de actividades porque es un derecho inalienable de los trabajadores, pero esto obliga a instrumentar un sistema de guardia, como ocurre en salud o en seguridad. No se puede dejar abiertamente al libre albedrío ese servicio, sin un mínimo garantizado. Esto, a pesar de que está establecido en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires de 1994, el artículo respectivo nunca se reglamentó, con lo cual no está en funcionamiento el organismo que sería una especie de árbitro entre el estado provincial (en este caso el Poder Judicial), y los trabajadores, para así poder avanzar en una paritaria”, manifestó el doctor Avalle.

Respecto al orden local, el presidente del Colegio de Abogados del Departamento Judicial Junín dijo que estaban trabajando para tratar de conseguir la creación de algunos organismos judiciales que hoy resultaban “sumamente necesarios”, como por ejemplo uno o dos juzgados civiles, otro de familia y otro Tribunal de Trabajo.

Jornadas de Derecho

El doctor Avalle adelantó que los días 4 y 5 de octubre el Colegio de Abogados de Junín volvería a organizar las conocidas jornadas bonaerenses en Derecho Civil, Comercial y Procesal.

“Estas jornadas han sido tradicionales de este Colegio, desde hace 25 años. Por eso, estamos en plena organización de ese evento académico, que reunirá a juristas de todo el país y que este año en especial va estar orientado a la reforma del Código Civil”, dijo.