Los tuits presidenciales de las últimas horas muestran una síntesis del poco eficaz intento de minimizar el impacto del cambio en el Ministerio de Justicia. Alberto Fernández se ocupó de exponer la preocupación oficial frente a un tema realmente alarmante, los incendios en el Sur del país, y difundió las medidas y denuncias anticipadas por el ministro del área, Juan Cabandié. Destacó el arranque del ciclo de clases en la cátedra de Derecho que lo tiene como profesor. Expuso alguna otra actividad y también cifras sobre niveles de vacunación contra el coronavirus. En paralelo, siguió la incertidumbre sobre el reemplazo de Marcela Losardo, cuya salida confirmada a principios de la semana no para de alimentar un desgastante juego de poder.

Todo el capítulo sobre el cambio en el principal despacho de Justicia parece enfocado en la interna, por las implicancias del nombre que finalmente sea coronado y por lo que sobrevendrá, una señal más contundente de la carga sobre el Poder Judicial. Las dos cuestiones, sin embargo, tienden a ser minimizadas en la evaluación de su efecto en términos de imagen. Clásico de los microclimas políticos, se trata de asimilar la situación como tensionante en el plano doméstico pero de escaso interés para el “común de la gente”.

La creencia o los argumentos esgrimidos resultan contradictorios. En rigor, la aceptación informal de la renuncia -que en las próximas horas sería concretada por escrito para cerrar administrativamente el tema- proyecto una imagen al menos insólita: fue hecha por el Presidente ante un micrófono cómodo, sin alusión alguna al reemplazante. Y a partir de allí comenzó a correr un reloj -días, en rigor- sin definición, lo cual en lugar de restarle trascendencia la amplifica, con una renovada carga de especulaciones sobre los alcances de los compromisos internos con Cristina Fernández de Kirchner.

El juego de los nombres ha sido intenso. Y algunas de los trascendidos eran de una obviedad absoluta sobre la intención de desintegrar una posible candidatura. Ese tipo de operaciones fueron particularmente registradas en el círculo presidencial y en las orillas del massismo. En cualquier caso, no hicieron más que mostrar el fuerte tironeo en el armado del oficialismo.

El Presidente intentó de entrada presentar el final de la gestión de Losardo como un desenlace personal, fruto del cansancio y de una reducida capacidad individual para soportar las asperezas del juego político. Se ha dicho: la ministra saliente no es una inexperta en ese terreno. Y la lectura -primer punto de impacto más amplio- fue la cesión de una pieza moderada y ciertamente albertista del gabinete nacional.

Esa sola condición entraba en contradicción con el duro discurso presidencial de hace diez días ante la Asamblea Legislativa y la posterior andanada de CFK en una instancia judicial. La expectativa sobre las consecuencias prácticas de tal escalada de Alberto Fernández y la ex presidente había apuntado hacia el Congreso. Pero rápido, frente a la difícil perspectiva para los proyectos en danza, el foco volvió a girar hacia el Ejecutivo. La designación al frente del ministerio de Justicia anticipará también hasta qué punto llega la ofensiva.

Parece extraño entonces suponer que una cuestión de este calibre genere desinterés social. No la letra más chica de la interna, sino la exposición más amplia y vinculada a una batalla que gira una y otra vez sobre las causas que involucran a la ex presidente y ex funcionarios.

Hay un dato que cuesta explicar a los consultores y que, sin embargo, figura de manera sostenida en muchas de las encuestas que circulan en el mundo de la política y en el circuito empresarial. Se trata de la corrupción como renglón destacado de las preocupaciones que expresan los encuestados.

Cristina Fernández, en su reciente y fuerte alegato ante la Cámara de Casación

Es posible que el rubro “corrupción” sea entendido como una categoría amplia del manejo de poder, no restringida exclusivamente a casos concretos de coimas y enriquecimientos inexplicables. Como sea, el tema sigue allí.

Un último relevamiento nacional de la consultora Management & Fit anota que la preocupación por la corrupción pasó del 30,8% en diciembre al 37% a principios de marzo. Sólo aparece por debajo de las inquietudes referidas a la cuestión económica si se suman inflación, desocupación y pobreza, que en conjunto llegan al 40%.

Un sondeo limitado a la provincia de Buenos Aires realizado por la firma Circuitos observa algo similar: la corrupción se ubica sólo por debajo de los factores económicos, con el 22,7%. Y trabajos de Giacobbe & Asociados exponen que el término “corrupto” figura entre los principales adjetivos descalificantes cuando se pide definir con una palabra bien o mal a una figura.

La coronación de una nueva cabeza en el ministerio de Justicia expresa, junto a la pulseada interna, un mensaje concreto sobre la relación del oficialismo con el Poder Judicial. Y sobre todo, habla de la pelea de fondo por las causas que arrastran CFK, ex funcionarios y algunos empresarios. Es difícil hacer pasar eso de manera inadvertida.