La denuncia presentada por la Alianza Frente Popular, que lleva a Duhalde como precandidato presidencial, recayó en el juzgado electoral federal de María Servini de Cubría.

La jueza envió la denuncia al fiscal para que decidiera si encontraba razones o no para investigarla. El fiscal electoral no requirió una investigación, al entender que no existió ningún delito y le pidió a Servini de Cubría que desestime la denuncia. Sin impulso fiscal, la causa se encamina al archivo.

Di Lello analizó el Código Electoral en el artículo en que prohíbe, 15 días antes de las elecciones, realizar actos de gobierno durante la campaña, cuando tengan como finalidad captar votos. El anuncio del aumento para los jubilados tuvo lugar el 3 de agosto pasado, 11 días antes de los comicios.

Di Lello consideró que lo que hizo la Presidenta al anunciar al aumento "no se adecua a las previsiones" de la ley, en tanto "no puso en ejecución o dirección acto de gobierno alguno", como señala la norma.

Además, indicó que la legislación no prohíbe la publicidad de los actos de gobierno sino cuando tengan la finalidad de captar votos.

Dijo que en este caso la Presidenta "enunció o recordó una serie de medidas ya adoptadas en su momento por el Poder Ejecutivo y el Legislativo" cuando mencionó la ley que establece aumentos automáticos y escalonados para los jubilados, en marzo y septiembre de cada año. Esa ley es de 2008, previa a la reforma política.

"La simple remembranza de las tareas desarrolladas en la función de gobierno no puede, por sí misma, ser considerada una conducta violatoria de las normas", escribió, y agregó que entender como "captación de sufragios y por ellos prohibir" la explicación de actos de gestión y dejar que la oposición se refiera a ellos durante la campaña pone a la Presidenta en situación desigual.